Lo anterior debería ser suficiente para justificar el ejercicio de autoridad del gobierno nacional, orientada a prevenir los bloqueos, que en su mayoría son realizados por las comunidades para protestar por incumplimientos del mismo Estado, o para emprender acciones de inteligencia que permitan identificar y procesar judicialmente a los responsables de los atentados terroristas.
El primer hecho fue la decisión autónoma de la Junta Directiva del Banco de la República, que, a pesar de las presiones del gobierno nacional, en su primera reunión de política monetaria del año, conservó su postura cautelosa, dadas las señales en contra del proceso desinflacionario, y decidió mantener la tasa de interés sin cambios en 9.5%.
El fenómeno inflacionario es un proceso devastador y empobrecedor. De ahí la importancia del mandato constitucional de controlarlo eficazmente. La realidad nos indica que no es necesario ser expertos en políticas macroeconómicas para conocer el efecto inflacionario de los excesos en los reajustes al salario mínimo.
En la práctica sería un reconocimiento a un gobierno ilegitimo montado con un descarado fraude electoral, que la mayoría de los colombianos rechazamos porque no representa la tradición democrática de nuestro país.
Es el momento oportuno para que, como individuos, y como parte activa de esta sociedad, nos comprometamos a realizar acciones concretas para evitar que el experimento político que vivimos con el gobierno nacional actual, nos impida tener un país donde se construya riqueza, desarrollo y bienestar social con oportunidades para la mayoría de los colombianos.
Seguramente las centrales obreras no harán esfuerzo alguno para concertar un incremento razonable del salario mínimo y no se moverán un ápice de su petición inicial pues saben que al final el gobierno lo hará a su antojo por decreto, tal como ha ocurrido en los dos años anteriores.
El Gobierno Nacional ha justificado este proyecto argumentando la necesidad de financiar el hueco fiscal que trae el presupuesto General de la Nación, que le impide el cumplimiento de sus metas sociales, con la promesa de una reactivación económica en un escenario que supuestamente garantiza la sostenibilidad fiscal y ambiental del país.
Como no ha podido acabar con la minería de carbón en el país, imponiendo mayores impuestos y restricciones ambientales, estará feliz que lo hagan los bloqueos que realizan esas comunidades, que al final desafortunadamente serán las más afectadas.
Esta iniciativa del Gobierno nacional, fiel a su orientación ideológica, amerita el rechazo masivo de la mayoría de los colombianos, por la sensibilidad y la resistencia que genera, quienes consideran que se estarían vulnerando los valores que se deben fomentar en las familias para el normal crecimiento y desarrollo de sus hijos menores de edad.
Los colombianos necesitamos conocer qué ocurrió. Si existe la norma para esas posibles o presuntas violaciones lo más indicado es que se investiguen. Hacerlo no debería interpretarse, como emocionalmente lo hace el presidente, como una estrategia que tiene el propósito de darle un golpe de Estado.
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