El agente interventor de Air-e, Edwin Palma, manifestó que en las próximas semanas se reunirá con un equipo de la Gobernación del Atlántico para buscar un acuerdo que les permita retirar de la factura de energía el cobro de la tasa de seguridad.
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Palma sostuvo que están revisando todos los escenarios para lograr retirar este impuesto, el cual considera que es un “costo político” y no tiene nada que ver con el servicio de energía eléctrica.
Y agregó que en el caso de que no haya un acuerdo, lo separarían del consumo. “Una salida es poder facturar aparte esta tasa de seguridad y, obviamente, dejarla separada del consumo de energía eléctrica, para que la gente sepa que esta corresponde a cada servicio. Pero confiamos en que podamos llegar a un acuerdo”.
Ahora bien, señaló Palma que confía en llegar a un acuerdo, pero en caso contrario no se descarta ninguna alternativa. Dijo que plantearán los mismos argumentos que EPM usó ante la gobernación de Antioquía. “Son los mismos argumentos que hoy tenemos, como Air-e, como empresa intervenida, para pedirle al gobernador la revisión de esta tasa”.
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Dijo además que esta discusión se está dando en otras partes del país, como en los departamentos de Antioquía y Cesar.
El agente interventor también ha hecho un llamado para que todos los actores del sistema se incluyan en estas conversaciones, como los entes territoriales, ciudadanos rurales, las empresas generadoras, empresarios, los gobiernos, “que todos pongamos una cuota de sacrificio, es decir, que todos contribuyamos a superar esta crisis”.
Palma argumentó que en esta región la mayoría de las personas tienen que elegir entre pagar el recibo o comer, y es que en este recibo están cargadas tarifas que no están correlacionadas directamente con la prestación del servicio de energía.
Finalmente, reiteró que con los argumentos constitucionales y legales invita al Gobernador y su equipo a buscar la forma de cómo sacar de la factura de energía este impuesto y que implementen otro mecanismo de recaudo.