Los contralores territoriales de la región Caribe se pronunciaron sobre las discusiones que se han dado entorno a la posible exclusión de impuestos como la tasa de seguridad y alumbrado público en la facturación del servicio de energía.
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Los servidores públicos señalaron que esta medida tendría consecuencias preocupantes en la prestación de algunos servicios e incidencia directa en los índices de inseguridad en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“El agente interventor está llamado y obligado a cumplir la ley. Los actos administrativos tienen presunción de legalidad por lo que si él así lo considera, la vía legal es presentar una demanda de nulidad ante un juez Contencioso Administrativo para que al final de un proceso judicial así lo decida, si lo considera, y sacarlo del ordenamiento jurídico. No puede ser una decisión de facto”, expuso Yadira Morales Roncallo, contralora General del departamento del Atlántico.
En ese sentido, manifestó que el agente interventor no podría excluir el cobro de Tasa de Seguridad Ciudadana en el recibo de la luz, debido a que está autorizado por una ordenanza. Para ello –dijo– debe existir previamente un pronunciamiento judicial en firme y ejecutoriado que así se lo ordene.
Seguido a eso, los contralores advirtieron que la medida anunciada no puede ser objeto de transacción o negociación entre el agente interventor y los mandatarios locales como se ha venido anunciando. “El cumplimiento de la ley no se negocia, debiendo ser acatada por la ciudadanía en general y, con mayor cuidado, por parte de los funcionarios públicos”.
Señalaron que esta medida de excluir el cobro de terceros en la factura de Air-e podría causar detrimentos patrimoniales, desfinanciación del servicio de alumbrado público, traumatismos en el recaudo, impacto en las finanzas de la empresa Air-e, incumplimientos injustificados de mandatos legales y hasta un impacto en el turismo.
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“La principal preocupación es que se desfinanciará el servicio de alumbrado público, poniendo en riesgo su prestación, la cual contribuye de manera crucial a la seguridad ciudadana en los municipios. La oscuridad en los espacios públicos es un factor de inseguridad que puede afectar la tranquilidad y bienestar de las comunidades”, precisaron los contralores en un comunicado.
Hicieron un llamado a las autoridades competentes, al agente interventor y al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, para que sea reconsiderada esta medida y se asegure el cumplimiento de la legislación vigente.
“Urge que el Gobierno nacional adopte las medidas anunciadas para disminuir de manera real y efectiva el costo del servicio de energía, como revisando la fórmula tarifaria y asumiendo el pago de la Opción Tarifaria, así como las inversiones que requiere la infraestructura eléctrica de la Costa Caribe con recursos provenientes del sistema general de regalías”, apuntaron.
