Tras el anuncio de la suspensión del rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), aún no se define quién será la persona que quede a cargo de la rectoría de esta institución educativa.
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El pasado lunes, se llevó a cabo una sesión del Consejo Superior Universitario en la que se pretendía anunciar el rector encargado; sin embargo, esto no fue posible ante la ausencia del delegado del MEN, Juan Carlos Bolívar, y la delegada de Presidencia, Melissa Obregón.
No obstante, EL HERALDO conoció que la demora en el acto administrativo para nombrar el reemplazo del rector se debería a que no ha sido posible notificarle de manera personal la decisión del MEN a Barrios.
Fuentes cercanas a este proceso aseguraron que el viernes se intentó notificarlo personalmente, pero este no habría querido recibir la resolución de manos de una funcionaria del Mineducación que vino de Bogotá para tal fin. Tampoco fue posible en la sesión del Consejo Superior del pasado lunes, porque no se presentó.
Se conoció además que la puja por el cargo de rector (e) estaría entre Jorge Senior, actual rector de la Uniautónoma, y Rafael Castillo, exrector de la Uniatlántico.
Defensa interpone tutela
En diálogo con esta casa editorial, el abogado Iván Cancino, quien está a cargo de la defensa del rector Leyton Barrios, dijo que este martes se radicó una tutela en el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, en la que solicita dejar sin efecto la decisión de cambio en la rectoría, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales como la autonomía universitaria, el debido proceso, la dignidad y el respeto al proceso de selección interna.
Señaló que el objetivo central es que se suspenda la decisión adoptada por el Ministerio mientras se resuelve de fondo el conflicto jurídico.
Cancino anunció que, además de la tutela, se evalúa la presentación de una acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra el funcionario que elaboró el informe de inspección y vigilancia que sirvió de base para la decisión ministerial.
“Estaremos atentos a quién asuma el encargo si la tutela no prospera con medida cautelar. En ese caso, emprenderemos acciones legales, no necesariamente contra el ministro, sino contra el funcionario que ejerce la inspección y vigilancia y que habría suministrado información errónea, incluso por un posible prevaricato”, agregó el jurista.
Asimismo, aclaró que de proceder, esta acción se interpondría a mediados de enero del 2026.
