En máxima alerta se encuentran los gremios del Caribe colombiano frente a la posible parálisis de la APP del Dique a causa de una millonaria deuda por parte del Gobierno nacional a la empresa Sacyr, producto de la suspensión de los pagos de vigencias futuras.
El temor se acrecienta debido a que se conmemoraron los 15 años de la emergencia registrada en el sur del Atlántico por la apertura de un boquete en medio de un intenso invierno. En medio de esta coyuntura, las comunidades aledañas a la hidrovía han recordado la zozobra e incertidumbre que se vive ante los retrasos en las obras de restauración del ecosistema.
Por eso, varios líderes gremiales han sido enfáticos en la responsabilidad que tiene el Gobierno de Gustavo Petro de adelantar las gestiones pertinentes para que el proyecto tenga avances en los próximos meses, para así responder a un histórico clamor de las comunidades.
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, fue enfático al asegurar que la falta de avances reales en la rehabilitación del Canal del Dique sigue teniendo consecuencias profundas para la región.
“No contar con un proyecto que mitigue los riesgos de inundación mantiene en vulnerabilidad a cientos de miles de familias en el Atlántico, Bolívar y Sucre, y además afecta la navegación fluvial en una de las arterias estratégicas para el comercio del país”, dijo.
El líder gremial fue enfático al sostener que la posible suspensión de las obras por incumplimientos del Gobierno Nacional pondría en riesgo tanto la seguridad de las comunidades como la competitividad de la región, encareciendo el transporte, limitando la conectividad y frenando oportunidades de inversión.
“El Caribe no puede seguir pagando los costos de la inacción institucional. La restauración del Canal del Dique tiene importancia estratégica para la región por sus efectos sociales, ambientales y económicos”, dijo.
Cepeda Tarud advirtió que ha faltado voluntad política para que el proyecto se ejecute con normalidad y sin nuevos contratiempos que retrasen su ejecución: “El incumplimiento en los pagos al contratista, una deuda que ya supera el medio billón de pesos, es una muestra de esa falta de voluntad por parte del Gobierno nacional”.
Y recalcó que la amenaza de inundaciones en las poblaciones ribereñas del Canal del Dique sigue latente por razones atribuibles que siguen siendo atribuibles al Gobierno nacional.
“Antes fueron las dificultades para la realización de las consultas previas con las comunidades, luego la demora en los trámites de la licencia ambiental, y ahora el incumplimiento en los pagos al concesionario Ecosistemas del Dique, encargado de su rehabilitación. La región necesita que se cumplan los compromisos, no más aplazamientos”, indicó.
El líder gremial fue reiterativo al asegurar que el actual Gobierno debe atender esta situación y no hay compás de espera, por lo que es imperativo que se cumpla con el cronograma de vigencias futuras establecido en el contrato suscrito con el concesionario.
“Dejar en manos de un próximo Gobierno esa responsabilidad sería darle certificado de defunción a este importante proyecto, exponer al Estado a demandas por el incumplimiento del contrato con el concesionario, condenar a las comunidades de las poblaciones ribereñas a repetir el drama de las inundaciones de 2010”, dijo.
Cambio en regla de juegos
Héctor Carbonell, director del capítulo Norte de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), expuso que la APP del Dique fue estructurada como respuesta al clamor de las comunidades de esta región, teniendo en cuenta que permitiría mitigar y resolver la problemática de inundaciones.
“Ese proyecto quedó listo por parte del Gobierno anterior y fue contratado por el actual Gobierno. Se adjudicó a un contratista con mucha experiencia en este tipo de obras. Todos esperábamos que las obras ya fueran a convertirse en una realidad”, dijo.
En ese sentido recordó que “desafortunadamente” no ha existido voluntad del Ejecutivo para que el proyecto salga adelante. Al contrario, se han generado trabas burocráticas que han puesto en riesgo su ejecución.
“No es justo que estemos en esta etapa, porque ha pasado mucho tiempo. Hemos sorteado muchas dificultades y, en este momento, por un tema de carácter financiero y operativo, se pone en riesgo un proyecto tan esperado por las comunidades alrededor del canal”, agregó.
Carbonell también puso de presente que se requiere voluntad política para sacar adelante el proyecto: “Hay que evitar por todos los medios que este contrato sufra alguna afectación y, por supuesto, lo que menos esperamos es que, por la situación actual, haya necesidad de liquidar anticipadamente el proyecto. Eso sería catastrófico”.
Y enfatizó que los cambios en las reglas de juego por parte del Gobierno es “grave” y puede poner en riesgo el modelo de concesión que ha permitido solucionar muchas de las necesidades de infraestructura en el país.
“Esto es delicado. El modelo tiene que ser respetado; deben cumplirse las condiciones pactadas en los contratos. Detrás de estos proyectos no solo hay empresas colombianas, también hay empresas internacionales. Y si se pierde credibilidad en el país, se afecta la llegada de inversiones y se pone en riesgo el compromiso de empresas locales que participan en este tipo de obras”, explicó.
Afecta la competitividad
Irvin Pérez, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Bolívar, mencionó que si bien este es un proyecto de recuperación ambiental, cada día se incrementa la afectación a los ecosistemas debido a las trabas para el arranque de la fase constructiva.
“Se somete al territorio en un estado permanente de vulnerabilidad, lo cual impacta directamente la competitividad del departamento y de toda la región Caribe. Cada temporada de lluvias seguimos enfrentando emergencias que ponen en riesgo vidas, dañan infraestructura, generan sobrecostos en la operación productiva y reducen la capacidad de planificación de las empresas”, mencionó.
El líder de la asociación gremial puso de presente que, en una región estratégica para la logística, el turismo y la industria, convivir con este nivel de incertidumbre limita la llegada de nuevas inversiones y deteriora la confianza en la capacidad del Estado para ejecutar obras que garanticen estabilidad y desarrollo a largo plazo.
“El Gobierno actual es el único responsable de los atrasos de este proyecto. Los avances han sido mínimos frente a la magnitud del riesgo y eso muestra claramente que ha faltado voluntad política. No es un problema de desconocimiento técnico ni de falta de estudios porque las alternativas, impactos y beneficios están plenamente identificados desde hace años”, acotó.
En ese sentido, recalcó que “lo que no ha existido es la decisión de convertir este proyecto en una prioridad nacional, de darle continuidad institucional y de asumir el liderazgo que una obra de esta escala requiere”.
A pesar de este sombrío panorama, el gerente de Camacol Bolívar reconoció que el Ejecutivo se encuentra a tiempo de acciones y avanzar con las vigencias futuras para el canal del Dique: “Cada día de demora agrava el riesgo para las comunidades y para la actividad económica del Caribe, pero todavía es posible actuar con responsabilidad, recuperar el tiempo y evitar que una emergencia nos vuelva a recordar las consecuencias de no decidir”.
Falta de conocimiento
Para Juan Camilo Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar, es “completamente inconcebible” que después de toda la tragedia ocurrida en la ecorregión, de la atención del Estado y de la inversión realizada para desarrollar estudios con los más altos estándares de calidad, se hayan cambiado las condiciones bajo las cuales fue contratado y ahora se exija una licencia ambiental.
“Esa decisión nos tiene en la situación actual y, sin duda, será responsabilidad de este Gobierno, del Ministerio de Ambiente —o de la ministra en su momento— y de la Anla cualquier situación que pueda presentarse en el canal del Dique de aquí a que finalmente puedan iniciarse las obras”, precisó.
Recordó que el canal del Dique es una hidrovía artificial cuyos trabajos iniciales se remontan a la época colonial, aunque el proceso de ampliación se adelantó en la década de los ochenta por parte del Estado colombiano.
“Esas intervenciones generaron un daño enorme en los ecosistemas, que enfrentamos todavía. El objetivo del proyecto actual es simular las condiciones ambientales previas, para facilitar la restauración natural del ecosistema. En ese sentido, es estratégico”, recalcó.
Anotó que desde el Estado ha existido un “desconocimiento profundo” del proyecto, su importancia y necesidad para las comunidades y la ecorregión: “El proyecto fue diseñado para solucionar un problema concreto y no puede cargar con todo el peso del abandono institucional acumulado, porque esto lo haría inviable”.
Por eso enfatizó que una iniciativa de esta magnitud requiere un compromiso claro del Estado y de la sociedad en su conjunto. De tal manera que debe existir corresponsabilidad y concurrencia entre distintas entidades, así como articular la participación de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
“Sin ese acompañamiento, se pierde una oportunidad enorme. El proyecto permite encender las alertas sobre una ecorregión que necesita atención urgente. Si seguimos insistiendo en que el proyecto resuelva todas las carencias estructurales, lo haremos inviable y condenaremos a la ecorregión a seguir enfrentando los riesgos actuales”, agregó.
Por último dijo que es fundamental que el proyecto encuentre el oxígeno necesario para “llegar vivo al próximo Gobierno”, haciendo énfasis en que se acuerde el mecanismo que permita recomponer el flujo financiero del proyecto.
“Les pedimos a todos los candidatos que comprendan la importancia de esta obra para Atlántico, Bolívar y Sucre. Este es, sin duda, el proyecto ambiental más relevante de América Latina. Es un ejemplo que Colombia puede mostrar al mundo sobre resiliencia, adaptación, ordenamiento del territorio alrededor del agua, protección de las comunidades y generación de nuevas oportunidades”, puntualizó.
