Una vez más el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, le advirtió al Gobierno nacional que la seguridad y confiabilidad energética del país sigue en riesgo.
A poco menos de cumplirse un año de la primera advertencia, —fechada el 7 de noviembre de 2024— el contralor le envió al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, una carta en la que le aseguró que las amenazas en materia energética continúan y que por el contrario se han agravado.
“Debo acudir nuevamente a esa cartera ministerial para expresar la preocupación de la Contraloría General de la República en torno a la seguridad y confiabilidad energética del país”, afirmó el contralor en el documento.
Señaló que hay preocupación por la disminución en la producción y las exportaciones de hidrocarburos, toda vez que según el informe los ingresos nacionales cayeron un 4,23 % debido a la reducción en la producción de crudo, que pasó de 772.000 a 747.000 barriles diarios.
A esto se suma una baja del 5,9 % en las exportaciones de petróleo y derivados, lo que se tradujo en una pérdida mensual cercana a los 183 millones de dólares.
Asimismo, advierte que la reducción en la producción afecta el recaudo de regalías —que cayó un 15 % en valor y un 6 % en volumen durante el primer semestre de 2025—, además de incrementar la deuda de subsidios a los servicios públicos.
Reacciones en el Caribe
Ante este panorama, el coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, Norman Alarcón, advirtió que las declaraciones de la Contraloría “no son nada buenas”, pues reflejan la gravedad de la situación que atraviesa el sector energético.
Explicó, la producción de crudo se ha reducido, al igual que las exportaciones de petróleo, lo que afecta el recaudo de regalías y, por ende, los ingresos de las entidades territoriales.
Alarcón agregó que las deudas oficiales con las empresas comercializadoras de energía, por concepto de subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya ascienden a la enorme suma de 2,88 billones de pesos, sin que existan recursos presupuestales suficientes para cumplir con esos compromisos, los cuales “no se habían atrasado tanto en gobiernos anteriores”.
En esa misma línea, el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, (Asocodis) José Camilo Manzur, explicó que al corte del 31 de octubre las empresas de energía han entregado $2,4 billones en subsidios, cifra que el Gobierno aún no ha pagado.
Sostuvo que cada mes se acumulan 300 mil millones de pesos adicionales, y en el presupuesto de 2025 hay un déficit de $2,7 billones, equivalente a nueve meses sin recursos para cubrir subsidios.
Sin embargo, afirmó Manzur, “aunque se han hecho algunos abonos —unos 600 mil millones de pesos—, estos son insuficientes. Las empresas confían en el esquema de cesión de derechos propuesto por el Ministerio de Minas y Energía”.
Para el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, otra de las preocupaciones del contralor es el comportamiento del mercado del gas natural. “Desde diciembre del año anterior, Colombia ha tenido que importar gas para atender el consumo interno esencial, y esas importaciones se han incrementado tanto en volumen como en precio.
Los mayores costos se trasladan a los usuarios residenciales y también al servicio de energía eléctrica, ya que el gas importado es utilizado por las plantas térmicas, encareciendo los costos de generación.
El analista César Lorduy señaló que existen varios factores que agravan la situación, el primero de ellos es que muchos proyectos de generación adjudicados en subastas pasadas no se han ejecutado o han avanzado lentamente, lo que ha limitado la incorporación de nueva energía al sistema.
Además, las condiciones climáticas previstas para 2027 y 2028 podrían afectar la generación hidráulica y obligar al país a depender del gas natural como sustituto, un recurso que tendrá que importarse en gran parte, elevando los costos del servicio.
Asimismo, expresó su preocupación por la incertidumbre regulatoria, debido a normas aún sin reglamentar por la Creg o pendientes en el Congreso, que han generado dudas sobre el cargo por confiabilidad y los precios de la energía, especialmente la de origen hídrico.
De persistir estas condiciones, “en 2026 podríamos ver un aumento en el precio de la energía y, si las condiciones no mejoran, hasta un posible racionamiento”, advirtió.
