El antiguo puente Pumarejo será clausurado totalmente. La decisión corresponde a una medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico frente a una acción popular que fue presentada por el personero distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, debido al mal estado en que se encuentra la estructura.
En ese sentido, el alto tribunal solicitó que en ambos extremos de la antigua estructura se deben instalar “barreras, barricadas, muros u otro tipo de cerramiento que impidan su tránsito ya sea peatonal o por cualquier otro medio de transporte”.
A esto debe sumarse la instalación de la señalización correspondiente que indique el riesgo que representa el uso de la estructura. Por tal motivo, dicho cerramiento deberá ser efectivo en un término máximo de 45 días después de la notificación.
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En la acción popular, que fue admitida por la magistrada Carmen Lorduy González, el jefe del Ministerio Público alertó que la estructura presenta un “gran estado de deterioro” y representa un “riesgo para la comunidad”, teniendo en cuenta que es utilizada por diversas personas para comunicarse entre Barranquilla y el corregimiento de Palermo, en el departamento de Magdalena.
En el documento, el personero Álzate aseguró que se viene registrando una “vulneración” de los los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, así como a la defensa del patrimonio público, la libre competencia económica, y los derechos de los consumidores y usuarios.
También expuso que el pasado 25 de agosto realizaron una inspección, en compañía de ingenieros y técnicos, evidenciándose que existe “un avanzado deterioro de la estructura, la presencia de ranuras y huecos en la superficie, el hurto de elementos metálicos”, así como la ausencia de mallas de protección contra eventuales caídas al cauce del río Magdalena”.
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Al mismo tiempo, agregó que “los daños estructurales evidenciados en el antiguo puente Pumarejo, el cual no ha recibido labores de mantenimiento, representan un riesgo inminente de desprendimiento de fragmentos que podrían caer sobre las personas que transitan por la infraestructura o bajo la misma”.
Álzate recalcó que “esta situación se torna más grave por la presencia constante de embarcaciones de pesca que circulan en la zona, así como por la existencia de viviendas aledañas que podrían resultar seriamente afectadas ante un eventual colapso parcial o total”.
Cabe anotar que la demanda fue interpuesta en contra del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Dimar, Cormagdalena, la Ungrd, el departamento de Magdalena, el departamento del Atlántico, la Contraloría departamental del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, entre otros.
