Este miércoles resultó ser un día movido en el intento de rescate de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), pues tras su primer mes de intervención, se registraron dos importantes noticias: la liquidación de manera unilateral de dos de los cinco contratos que habían venido “desangrando” a la entidad y la inspección de campo realizada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
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Contratos cancelados
EL HERALDO pudo establecer que el primer contrato que fue terminado corresponde a la prestación de servicios farmacéuticos –por valor de $241 mil millones, con un plazo de 15 años– con la Unión Temporal Servicios Farmacéuticos del S&D.
La decisión se encuentra sustentada por parte del interventor Fredys Socarrás, de acuerdo con la resolución expedida por la ESE UNA, en que “es un contrato totalmente inconveniente y desproporcionado en favor del tercero, tampoco se justifica el plazo tan excesivo, la inversión del contratista de $3.109 millones no se evidencia, valor fijo entregue o no medicamentos”.
El segundo contrato que fue terminado de forma unilateral corresponde al servicio de laboratorio clínico, que fue suscrito por el orden de los $85.563 millones con la Unión Temporal ESE UNA.
Frente a este caso, el interventor Socarrás sostuvo en la resolución expedida que se trata de un “contrato leonino” que se encuentra mal estructurado, en el sentido de que se confunde una tercerización con un contrato de suministro de insumos con la figura de comodato.
“El plazo a 15 años es excesivo, dado que no se trata de una APP y se está frente a un incumplimiento contractual, dado que no provee el servicio integral y la ESE debe celebrar contratos adicionales para complementar el servicio de laboratorio; además, opera con personal directamente contratado por la ESE”, se lee en los documentos.
Además, se alertó que “hay omisión de la administración en declarar el incumplimiento y terminar el contrato. Y no se evidencia la inversión de $8.500 millones para equipos que debe aportar el contratista. No se trata de un contrato tercerizado sino que se trata de un contrato de insumos”.
Inseguridad jurídica
Otro de los puntos anotados en las resoluciones corresponde a una presunta “inseguridad jurídica” en el ejercicio de la supervisión e interventoría contractual, debido a que “a pesar de las solicitudes formales elevadas, no se encontró un informe consolidado, ni mucho menos el inicio de un proceso administrativo sancionatorio contractual, circunstancia que vulnera lo dispuesto en el articulo 83 de la ley 1474 del 2011, que impone a los supervisores o interventores la obligación de ejercer control y seguimiento efectivo sobre los contratos estatales”.
Visita de Minsalud
Al tiempo, mientras se notificaban la cancelación de los contratos, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo inspeccionaba los hospitales que hacen parte de la red pública del Atlántico.
Uno de ellos fue el Juan Domínguez Romero de Soledad, donde quedó impresionado por el estado de abandono en que se encuentra.
El ministro comenzó sus regaños nada más entrar al archivo, donde encontró las puertas cerradas. Tras reclamar y acceder a la zona, encontró los folios con las historias clínicas apiladas en el suelo.
“Nada más con ver este desorden se entiende cómo está el hospital”, espetó a los funcionarios que lo acompañaban.
La gran decepción de Jaramillo llegó cuando -tras reclamar otra vez la apertura de puertas- accedió a las UCI Neonatal y UCI de adultos, con 14 camas cada una, completamente dotadas y que sin embargo llevan meses cerradas: “Uno no puede tener un potencial de estos despreciado así”.
El ministro estuvo acompañado por el interventor Fredys Socarrás, quien recibió las observaciones realizadas por el jefe de cartera, quien prometió una próxima visita.
Reacciones
Al respecto, la diputada Alejandra Moreno aseguró –a través de sus redes sociales– que “al cumplirse un mes de intervención a la ESE UNA, el gobierno muestra resultados con la culminación unilateral de dos contratos que estarían afectando las finanzas de la red hospitalaria del Atlántico”.
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Además, sostuvo que la Contraloría y la Procuraduría serán notificados de los hallazgos que hizo el agente interventor Freddy Socarrás “para que proceda con las investigaciones pertinentes”.
