Luego de la finalización de una prórroga de 10 días a las sesiones en el Concejo de Soledad, a la administración municipal fue devuelto el proyecto de acuerdo que fue presentado para facultar a la alcaldesa Alcira Sandoval para el inicio de una nueva licitación para la concesión de agua potable para 30 años.
EL HERALDO pudo conocer que la iniciativa fue regresada a la Alcaldía teniendo en cuenta que no se pudo desarrollar el segundo debate en plenaria. Por tanto, se espera que se convoque –en los próximos días– a sesiones extraordinarias para avanzar con su estudio.
Cabe recordar que en el primer debate, que se cumplió de forma conjunta entre las Comisiones de Presupuesto y del Plan de Desarrollo, hubo 12 votos positivos.
Al respecto, el concejal Bryan Orozco puso de presente, a través de sus redes sociales, que tampoco se dio aval a una autorización para comprometer vigencias futuras por más de $229 mil millones hasta el año 2055.
Sin embargo, la preocupación de la ciudadanía radica en que no se han conocido avances frente al trámite para suscribir una prórroga por hasta 6 meses al contrato con la Triple A, teniendo en cuenta que los concejales solicitaron que se presentara un nuevo proyecto.
Es de anotar que la concesión –que se inició en el año 2001– se encuentra vigente hasta el próximo 30 de septiembre.
Algunos antecedentes
En el proyecto de acuerdo, la Alcaldía municipal sostuvo que la decisión de adelantar una licitación para una nueva concesión a 30 años se encuentra sustentada en el diagnostico técnico elaborado por un equipo interdisciplinario que fue conformado en el año 2021, que posteriormente ha sido actualizado en 2024 y 2025, para adelantar la estructuración del nuevo modelo de contratación para la prestación de los servicios.
En dicho diagnostico se estableció, de acuerdo con las autoridades locales, los lugares e inversiones que se deben adelantar ante las necesidades y metas para el desarrollo y la autosostenibilidad del municipio “para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del ente territorial”.
Se expresó, además, que el desarrollo de este proceso tendrá un impacto social positivo y permitirá una “preservación del recurso público”, lo que redundará en que la ciudadanía pueda disfrutar “un saneamiento básico con eficiencia, eficacia y con calidad mediante puesta en marcha de sistemas óptimos de acueducto y alcantarillado, con un buen aprovechamiento del recurso hídrico”.
