El incremento en el monto y la forma de utilización de los recursos que transfiere el Gobierno central a las regiones fueron algunos de los aspectos que abordaron durante el panel ‘Construyendo el desarrollo desde la base’. ‘Equilibrando la autonomía local y la visión nacional’, que se llevó a cabo en medio del foro local de desarrollo de la Ocde.
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En el panel, los ponentes destacaron la importancia de la confianza y la autonomía que el Gobierno central debe tener con las regiones en el momento de la transferencia de los recursos a través del Sistema General de Participaciones (SGP).
En este espacio, el primero en intervenir fue Diego Carrero, director de Descentralización Fiscal del Ministerio de Hacienda de Colombia, quien analizó los alcances de la reforma al Sistema General de Participación, explicó que actualmente se destina 29,5 % y pasará a 39,5 % en 12 años.
Advirtió además que la descentralización no puede limitarse a transferencias desde el nivel central, sino que debe incluir una transformación tributaria local. Señaló que “no es aceptable que, en un país con los niveles de desigualdad territorial de Colombia, la carga tributaria predial rural sea inferior al 0,25 por mil, mientras en zonas urbanas como Barranquilla llega al 4 o 5 por mil”.
En ese sentido, insistió en la necesidad de un pacto nacional donde “el Gobierno central garantice recursos, pero los territorios también asuman su responsabilidad fiscal”. Solo así, afirmó, se podrán cerrar las brechas.
Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fue enfático en afirmar que las ciudades necesitan capacidad económica para avanzar, pero los recursos se quedan en el gobierno central. Además, cuando estos se transfieren, señaló el mandatario, vienen condicionados para gastarse en salud y educación.
“No vienen para construir hospitales o escuelas, sino para pagar sueldos de médicos y profesores. Eso no es descentralización, es una trampa. Nos siguen tratando como simples mensajeros de sus decisiones. El gobierno central sigue pensando que no se puede confiar en los territorios para manejar recursos con autonomía”, expresó Verano.
Cuestionó además que el Atlántico se esté “viviendo de los vicios”, haciendo referencia a que el recaudo por el tabaco y el licor es lo que sostiene la salud de los atlanticenses.
“Por la mañana estamos preocupados porque hay que aumentar los ingresos: que la gente consuma más, que fume, que tome. Y por la tarde estamos en reuniones con los hospitales viendo cómo la gente se enferma por eso mismo. Es una enorme incoherencia. En Colombia, los niveles territoriales manejamos recursos limitados y, al final, terminamos consumiendo nuestro propio futuro”, cuestionó Verano.
En su intervención, también reconoció que el Sistema General de Participaciones (SGP), los gastos en salud, educación y otros sectores ya tienen esquemas definidos que no se pueden tocar fácilmente. “Por eso, las reformas terminan reducidas a retoques mínimos en un régimen social muy complejo y cada vez más inflexible”, dijo.
Puso de presente que el gran pacto nacional debe partir de construir, entre Gobierno central y territorios, una nueva arquitectura institucional que realmente transforme el país. “Si no avanzamos en ese sentido, seguiremos haciendo más de lo mismo, con las justificaciones de siempre: que los impuestos no alcanzan, que los locales no saben gastar bien, que las capacidades son limitadas”, indicó.
Para Andrés Rodríguez-Pose, especialista en desarrollo territorial y descentralización fiscal, es urgente replantear este esquema. “No se trata solo de cuánto se transfiere, sino de qué se transfiere, con qué autonomía y bajo qué condiciones”.
Dijo que, si se traspasan funciones como educación o salud, hay que garantizar también los recursos suficientes y la capacidad local para ejecutarlas.
Además, sostuvo que se debe trabajar para fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno, para que los recursos —sean muchos o pocos— se usen de la mejor manera posible y realmente se traduzcan en bienestar para la gente.
“Ese 39,5 % por sí solo no dice nada. Lo importante es qué se transfiere, con qué capacidad, bajo qué reglas y cómo se garantiza que esas competencias realmente beneficien a los ciudadanos”, dijo el titular de la Cátedra Princesa de Asturias y catedrático de Geografía Económica en la London School of Economics (LSE).
Reiteró que es necesario que haya mayor confianza en los gobiernos locales, respetando su autonomía y decisiones, además de dotarlos de recursos suficientes, preferiblemente a través de impuestos locales, y donde no sea posible, mediante transferencias solidarias nacionales.
Modelo centralista
Por su parte, Ángela María Penagos, directora de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), afirmó que no se puede seguir con la idea de que, como no hay capacidades, entonces no se transfiere nada, “y nos quedamos esperando a que algún día se den las condiciones perfectas”.
Fue enfática en afirmar que hay que permitir que los territorios asuman responsabilidades. “No le debemos temer a ese proceso gradual. Claro que habrá errores y aprendizajes, pero es parte de la trayectoria natural”, indicó.
Penagos señaló temas que aún siguen pendientes en Colombia, como la discusión sobre regalías. Dijo que hoy el Gobierno central sigue aprobando los proyectos de regalías desde Bogotá, cuando eso debería ser una decisión autónoma de los territorios.
“Esa es una evidencia de que, aunque hablamos de descentralización, en la práctica seguimos con un modelo muy centralista”, afirmó.
Recomendó que desde los gobiernos nacionales haya un acompañamiento en el proceso de descentralización, “que no se imponga ni se condicione. Es importante evitar que se repita la historia donde se aumentan recursos para educación o salud, pero se mantienen disputas centralizadas sobre su manejo. Ese no debe ser el enfoque”, subrayó.
Romper el círculo vicioso
Para Miquel Vidal Bover, analista de políticas en el Centro para el Emprendimiento, las Pymes, las Regiones y las Ciudades de la Ocde, es necesario romper el círculo vicioso en el que, “como no hay capacidades, no se descentraliza, y como no se descentraliza, no se generan capacidades”.
Asimismo, dijo que Colombia hoy tiene una oportunidad gigante: “No se trata solo de descentralizar por descentralizar, sino de afianzar la confianza entre el Estado y la ciudadanía desde lo local. Esa es la verdadera oportunidad, porque una descentralización funcional no se mide por cuántas competencias se trasladan, sino por el impacto real de esas competencias en la vida de la gente”, afirmó Vidal.
Enfatizó que no basta con hablar de descentralización en los discursos políticos o en la ley. Dijo que se trata de cómo se siente eso en el terreno: en la escuela del barrio, en el centro de salud, en la calidad del agua. “Ahí es donde se mide si una descentralización funciona y tiene un efecto positivo sobre la vida de millones de colombianos”.
Otro de los panelistas fue el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile, Felipe Larenas, quien durante su intervención habló sobre la manera como en su país se distribuyen los recursos a las regiones.
Dijo que la descentralización política y administrativa avanzó con la reforma de 2018, pero quedó pendiente la descentralización fiscal. Sostuvo que actualmente se impulsa el proyecto de ley “Regiones más fuertes”, que busca dar un primer paso en esa dirección, construido en consenso con los gobernadores regionales y con sentido de realismo político.
“La urgencia radica en que el presupuesto regional apenas representa el 14 % del gasto público, muy por debajo del promedio de la Ocde, lo que limita la inversión regional y hace indispensable fortalecer la autonomía fiscal”, explicó.
Por último, Mireia Villar Forner, representante de las Naciones Unidas en Colombia, afirmó durante su intervención como moderadora del panel que el desarrollo se construye desde los territorios. Afirmó que es importante reconocer el paso que está dando el gobierno; además, destacó que el proceso de descentralización no es solo una ley, sino una hoja de ruta.
“En Colombia, además de un modelo de desarrollo, se trata de la paz, el cambio de las economías ilegales y varios procesos que tienen raíces profundas en el territorio, que solo se lograrán con un compromiso de ciudadanía, democracia y prosperidad desde las comunidades”, aclaró.
