Los altos costos por el consumo de energía en las áreas comunes de conjuntos residenciales, edificios, centros comerciales y demás inmuebles de régimen de propiedad horizontal motivaron a un grupo de copropietarios a iniciar una campaña para recoger firmas e impulsar una acción popular.
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El objetivo es exigir que las lecturas se realicen mediante medidores individuales y no totalizadores, como actualmente lo realizan las empresas de energía.
Tras muchos reclamos sin una respuesta positiva, y con base en documentos técnicos, conceptos regulatorios y la normativa vigente, la ingeniera eléctrica Carolina Ríos y los abogados Ricardo Núñez y Jorge Panza decidieron recurrir a una acción popular —ya en curso— con el objetivo de frenar este modelo y exigir una revisión estructural de la facturación de zonas comunes.
Ríos explicó que esta práctica, que viene desde la época de Electricaribe, ha generado inconformidad y descontento entre los copropietarios, quienes aseguran estar asumiendo costos desproporcionados por la energía de zonas comunes.
“Este modelo nació en la región Caribe porque las pérdidas eléctricas eran más altas que en otras zonas del país. Originalmente, los medidores totalizadores eran de uso interno, pero luego comenzaron a usarlos para facturar, sin una adecuada referenciación”, subrayó.
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Son más de 100 mil familias afectadas en la región Caribe que respaldan instaurar una acción popular para exigir el principio de facturación individual, como lo establece la Ley de Servicios Públicos. “Buscamos que cada edificación tenga un medidor individual para sus zonas comunes. Eso permitiría tarifas justas y transparentes”, afirmó Ríos.
Actualmente, según explicó, las empresas prestadoras del servicio —Air-e y Afinia— toman la lectura del consumo a partir de un medidor totalizador al que ellos le llaman ‘padre’, al cual se le restan las lecturas de los medidores individuales (hijos) correspondientes a los apartamentos, oficinas o locales.
“Este sistema, conocido como ‘facturación vía medidor general’, funciona así: el totalizador mide el consumo completo y se restan los consumos individuales. Lo que queda, se cobra como consumo en áreas comunes”, explicó.
Agregó que hace año y medio, a muchos clientes con medición individual les cambiaron su sistema por un totalizador y actualmente, tienen consumos triplicados sin ninguna justificación técnica.
Además, señaló, a las constructoras las están obligando a acogerse a ese modelo “injusto” de facturación a pesar de contar con infraestructura para medidores individuales.
Denunció que esta modalidad ha representado un abuso técnico y financiero durante años, afectando la sostenibilidad de las copropiedades, la tranquilidad de sus residentes e incluso el valor de sus inmuebles.
Una de las consecuencias más visibles, indicó, es el impacto económico sobre las cuotas de administración: “Los costos se trasladan a los copropietarios. En muchos edificios, las cuotas han subido drásticamente. Facturas que antes eran de $3 o $4 millones hoy superan los $10 millones sin justificación clara”.
Esta situación ha llevado a algunos propietarios a considerar vender sus inmuebles porque no pueden sostener los nuevos cobros.
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Los líderes de esta acción popular han sido enfáticos en asegurar que esto no se trata de un error aislado, sino de un modelo impuesto sin control ni respuesta institucional. “Afinia y Air-e han implementado este sistema sin garantías para los usuarios”.
Aclaró que esta es una causa ciudadana, que no tiene intereses políticos ni personales. Invitamos a todos los administradores, propietarios y ciudadanos a unirse. Cuantos más seamos, mayor será la fuerza de este reclamo. “Queremos que se corrija el error y que quienes han pagado de más reciban lo que les corresponde”, concluyó.
