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Luego de semanas de revisiones y ajustes, el Gobierno nacional estaría ad portas de dar inicio –de manera formal– al cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad. Sin embargo, desde la Procuraduría General de la Nación se ha hecho una solicitud para que se suspenda mientras se toma una decisión definitiva en el marco de uno de los procesos judiciales que se surte contra esta iniciativa.

La petición fue realizada a través de un concepto emitido por la Procuraduría 118 Judicial II Administrativo en el proceso de estudio de la acción popular presentada por el senador Carlos Meisel contra la mencionada contribución.

También instó a la conformación de una mesa de trabajo con la finalidad de “socializar los elementos del referido cobro y escuchar las diferentes alternativas planteadas por la comunidad”.

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En ese sentido, la Procuraduría expuso que dicha instancia permitiría “explorar soluciones de forma anticipada al fallo y darle transparencia y claridad a la ciudadanía respecto del cobro, así como la eventual afectación a comunidades étnicas”.

Anticipó, además, que “esta situación traería conflictos jurídicos posteriores con la consecuente inseguridad jurídica que tales contingencias suelen provocar, lo cual originaría una lesión antijurídica de connotación irreparable a los intereses de la sociedad”.

Por otro lado, el órgano de control indicó que es necesario informar si en la zona de influencia existen comunidades étnicas y que “en caso de existir se adelanten las actuaciones tendientes a determinar la necesidad de efectuar consultas con aquellos, adelantándolas actuaciones pertinentes en caso de ser así”.

Gremios esperan decisiones

Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, recalcó que rechazan el cobro de la valorización en este proyecto vial debido a que “es ilegal” y así se encuentra planteado en la demanda de nulidad que actualmente es estudiada por el Consejo de Estado.

“Por ello, respaldamos la solicitud que le hizo la Procuraduría General de la Nación al Tribunal Administrativo Atlántico de ordenar la suspensión del cobro de esa valorización hasta que se resuelva la acción popular instaurada por el senador Carlos Meisel”, mencionó el líder gremial a EL HERALDO.

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Frente a la acción judicial que interpusieron junto con el Consejo Gremial de Bolívar, el presidente de Intergremial explicó que “estamos a la espera de que se pronuncie y ordene medidas cautelares que suspendan los cobros de la valorización”.

Cortesía

Por su parte, Juan Camilo Oliveros Calderón, director Ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, expuso que este es un gravamen “injusto”, “arbitrario” y contrario a los principios constitucionales que rigen el sistema tributario colombiano.

“Este cobro, promovido por el Instituto Nacional de Vías (Invías), no solo desconoce los límites de su competencia institucional, sino que impone cargas retroactivas a miles de propietarios sin una justificación técnica clara ni un beneficio comprobable para los predios afectados”, mencionó.

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Asimismo, expuso que se han respaldado las acciones que desde el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación buscan frenar su aplicación en tanto se resuelven las demandas en curso.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que suspenda este proceso, convoque una mesa de diálogo y escuche las alternativas que desde los gremios y la sociedad civil hemos propuesto con seriedad y responsabilidad”, puntualizó Oliveros.

“Somos respetuosos de la justicia”: Meisel

El senador Carlos Meisel expresó su complacencia por el concepto de la Procuraduría que respalda la solicitud de la medida cautelar de suspensión del cobro, al tiempo que aseguró que se encuentran a la espera de una decisión por parte del Tribunal.

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“Nosotros somos respetuosos de la justicia, pero con ilusión hemos venido trabajando este tema judicialmente. Nosotros ya estamos acostumbrados a los golpes del presidente (Gustavo) Petro, pero tenemos que defendernos y no podemos permitir un nuevo atropello al Caribe”, sostuvo el congresista del Centro Democrático.

En la misma línea, el senador Meisel recalcó que “nosotros lo que hemos hecho es pedirle a los jueces que atienda el clamor de la ciudadanía que no está dispuesta a enfrentar otro golpe tan duro y que se defiende a los términos que ofrece la ley”.