Dos tutelas, una recusación, una denuncia penal y otra disciplinaria han enredado la discusión en el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico de una modificación al Estatuto General para posibilitar la reelección inmediata del rector Danilo Hernández.
Al interior de la alma mater se ha generado una fuerte división ante dicha propuesta. Mientras un sector ha defendido la pertinencia de un nuevo periodo de Hernández como rector, desde otro sector se ha rechazado ante los “hechos de corrupción” que habrían enlodado su gestión.
Para este viernes estaba citada una sesión del Consejo Superior, en la cual se adelantaría el segundo debate requerido para la modificación del Estatuto General. El Juzgado Diecinueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías emitió una medida provisional, en la cual ordena a dicha instancia que se “abstenga” de discutir o aprobar cualquier trámite en tal sentido.
Dicha medida fue adoptada tras la aceptación de una acción de tutela presentada por el ciudadano Johnatan Javier Camargo Moya contra el Consejo Superior de Uniatlántico, aduciendo una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
En su decisión, el togado vinculó a la Gobernación del Atlántico y al Ministerio de Educación al proceso, teniendo en cuenta que “podrían resultar afectadas con la decisión que adopte el despacho al resolver la acción constitucional”.
Hizo el traslado correspondiente al Consejo Superior de la Uniatlántico, la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Educación para que “ejerzan su derecho de defensa” y se pronuncien frente a estos hechos dentro de 48 horas desde su notificación.
Posición de Mineducación
La Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional envió, en la tarde de este viernes, una misiva en la que –en el marco de las facultades preventivas– ordena “abstenerse” de discutir dicha modificación hasta que no se resuelvan los recursos legales que se encuentran en curso.
En dicho documento alertó que el incumplimiento de dicha medida “puede dar lugar a las multas sucesivas previstas en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley 1740 de 2014, sino también a las investigaciones administrativas sancionatorias que procedan conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la citada Ley”.
El Ministerio de Educación puso de presente que uno de ellos corresponde a una recusación debido a que “todos los miembros del cuerpo colegiado tendrían un interés directo en el trámite de la modificación del Estatuto General, ya que los mismos fueron los que evaluaron positivamente la gestión del actual rector y se presume que buscan habilitarlo para su reelección inmediata”.
Es de anotar que dicha recusación fue presentada a la Procuraduría General de la Nación para que adopte una decisión, teniendo en cuenta que “se recusaron todos los miembros y este consejo no tiene superior jerárquico ni cabeza de sector administrativo”.
Al respecto, un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla –relacionado con una tutela presentada por una presunta vulneración al derecho al debido proceso por parte del Ministerio Público– confirmó que la Procuraduría es el ente competente para definir las recusaciones que se presenten contra los miembros de dicho cuerpo colegiado.
“Confiamos en que se encontrarán salidas institucionales adecuadas”
El abogado José Castilla aseguró que el principio de autonomía permite que las universidades puedan construir sus estatutos y normas que rigen su funcionamiento. En ese sentido, explicó que en la normatividad vigente, el único cargo que no se contempla reelección inmediata es para el rector.
“En contraste, decanos y representantes estudiantiles sí pueden ser reelegidos. En muchas otras universidades del país, sí se han implementado procesos de reelección para el rector. Por esta razón, se planteó una modificación al artículo que actualmente prohíbe la reelección inmediata del rector”, dijo.
Explicó que la medida propuesta busca avalar la reelección por una vez, de manera consecutiva: “Esto ha generado una serie de reacciones y acciones jurídicas por parte de quienes se oponen, incluyendo la presentación de tutelas y medidas cautelares”.
Indicó que el rector Hernández no ha manifestado, de manera pública, su intención de aspirar a la reelección: “Recordemos que, aunque se realiza una consulta interna en la comunidad universitaria, la decisión final sobre quién será el rector la toma el Consejo Superior, conformado por nueve miembros. El elegido será quien obtenga cinco votos o más”.
Y puntualizó asegurando que “a quienes estamos comprometidos con que la universidad siga adelante, a veces se nos señala injustamente de tener filiaciones políticas. Soy simplemente un trabajador universitario con 38 años de servicio, sin antecedentes disciplinarios, que ejerce su profesión como abogado con honestidad y responsabilidad”.
