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El secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder, aseguró que la intención de la empresa Air-e de dejar que el usuario tenga libre elección entre pagar o no la tasa de seguridad los tomó por sorpresa.

Sostuvo que no han recibido un pronunciamiento oficial por parte de la entidad sobre esta decisión. “Nos enteramos por la prensa. Le vamos a solicitar a Air-e que nos dé certeza de la intención que ellos tienen de no cobrar la tasa conjuntamente”.

Afirmó que con base en la información que le entregue la empresa tomarán decisiones legales al respecto.

“Nosotros vamos a solicitarle a Air-e un pronunciamiento oficial respecto del tema, y con base en ello tomar una decisión desde el punto de vista jurídico. En este caso, lo procedente como autoridades administrativas es una acción de cumplimiento. Con miras a solicitarle a un juez que obligue a la empresa a cumplir con el estatuto tributario. Es nuestra obligación. Si no lo hacemos, como empleados incurriríamos en omisión administrativa”, anunció el funcionario.

Náder dijo además que durante las dos mesas técnicas que realizaron con el equipo jurídico de Air-e, en el tiempo en que estaba como agente interventor Edwin Palma, nunca se planteó esta intención por parte de ellos.

En ese sentido, dijo que precisamente en esas mesas se estaba trabajando en un convenio interadministrativo entre Air-e y la Gobernación en torno a unas observaciones al tema del recaudo que no estaban regulados en la ordenanza, como el tema del cobro coactivo y el tiempo en que debían ser transferidos los recursos.

El funcionario explicó que la circular de la Superintendencia dice que “No parte de la decisión de un ciudadano en ejercicio de su autonomía y de la voluntad, sino del mandato legal que se impone en ejercicio de las competencias tributarias a cargo del Estado... El recibo del impuesto al tributo de tasa de seguridad y convivencia ciudadana, dice el estatuto tributario, se liquidará conjuntamente con el recibo de energía eléctrica. Conjuntamente, esto significa, no por separado. Es decir, no pueden cobrar por separado una cosa y otra cosa, sí”.

Fue enfático en decir que si Air-e considera que la ordenanza que establece el Estatuto Tributario Departamental no es legal, el procedimiento no es desconociendo la ordenanza.

“El procedimiento legal debió ser demandar el Estatuto Tributario del departamento ante la jurisdicción administrativa y que sea un juez el que diga que es ilegal o no, pero no es desconociéndolo”.

Asimismo, reiteró que el Estatuto Tributario es claro cuando dice que “los responsables de liquidar, recabar y declarar los pagados por los usuarios del servicio público de energía eléctrica regulados y no regulados con la tasa de seguridad cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar el valor recaudado”. El Estatuto Tributario es claro”, indicó.

Náder advierte que ahora la gran preocupación radica en el riesgo en que se encuentran las finanzas de la gobernación del Atlántico, toda vez que con el recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana se financian los proyectos en materia del sector seguridad, construcción de estaciones de policía, construcción de comandos de policía, dotación de la fuerza pública y construcción de escenarios de entornos seguros bajo la figura de escenarios de convivencia ciudadana.

En todos estos proyectos, señaló, la gobernación tiene comprometido vigencias futuras con base a este tributo. “Es decir que quedarían expuestos con los créditos que actualmente se tienen con las entidades financieras y llevarían al ente territorial del Atlántico a una situación fiscal bastante riesgosa”.

En ese sentido, explicó que al Distrito de Barranquilla se le ha transferido importantes recursos y cerca de 300 mil millones de pesos se han invertido en espacios seguros como escenarios de convivencia ciudadana; además, giraron recursos por el orden de los 200 mil millones para los municipios del Atlántico en el componente de policía departamental, inversiones que se han hecho con cargo a la renta, pero comprometiendo crédito.

“Al poner en riesgo la renta de la tasa, por supuesto que esto nos genera una situación de alarma a la situación financiera”, advirtió Náder.