En medio de un panorama de incertidumbre que atraviesa Colombia ante la creciente inseguridad, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, brindó un Consejo de Seguridad en Malambo el pasado sábado 26 de abril.
Luego de las extensas horas en las que se escucharon las peticiones de los distintos alcaldes del Atlántico y su gobernador, el jefe de la cartera anunció las medidas que se iban a implementar para combatir el crimen en el territorio.
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Dentro de ellas se encuentran: el incremento de funcionarios especializados en inteligencia; instalación de cámaras de seguridad, y promoción de la participación ciudadana para prevenir ataques sicariales y terroristas.
No obstante, tras días de ser anunciadas, están siendo cuestionadas por académicos y los mismos mandatarios locales que asistieron.
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“No son suficientes”, así lo expresó el docente de la Universidad del Norte, Luis Trejos. El profesor resaltó la importancia de aplicarlas, pero enfatizó aún más con que estas medidas son repetidas y que no dieron los resultados esperados en su momento.
Trejos argumentó que faltaron indicadores de gestión para medir el fracaso y el éxito de dichas estrategias. Asimismo, se refirió al incremento de los 50 policías judiciales, señalándole como una estrategia abstracta.
“¿Cómo se van a distribuir esos 50? Es decir, ¿cuál es la estrategia dentro de la cual estos anuncios van a jugar un rol especial o importante? Estas iniciativas son trascendentales, pero no son suficientes si uno no ve que estén articulados a una política pública”, explicó.
En esta misma línea, Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la misma institución, indicó que se refleja una carencia de propuestas concretas desde lo local hacia lo nacional.
Con respecto a las cámaras de seguridad, sostuvo que está comprobado que estas herramientas tienen una utilidad limitada para ciertos tipos de delito.
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Además, informó que no se están priorizando municipios cruciales como Juan de Acosta, Sabanalarga y Santo Tomás, los cuales han sido identificados en estudios previos desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana, como los nodos de enlace territorial que permiten el crecimiento y la expansión de estas estructuras criminales que delinquen en todo el departamento del Atlántico.
“Cada uno de estos tres entes territoriales, en el primer trimestre de este 2025, aumentó el número de homicidios frente al primer trimestre del año pasado, que ya fue un trimestre mayormente violento en el departamento”, advirtió Melamed.
A propósito, Trejos complementó que se trata de una conflictividad que estaba muy concentrada en Barranquilla (y algunos municipios del área metropolitana), y que ahora se ha expandido hacia la zona costera, el margen oriental del departamento y la zona central, especialmente en el municipio de Sabanalarga.
Las soluciones concretas
En ese orden de ideas, Melamed expresó que falta establecer el liderazgo y la visión estratégica desde lo local, ya que considera que desde Bogotá no se resolverán los problemas que en los territorios del Atlántico acontecen. A su vez, instó a que incluyeran la participación de la academia y de sectores de la población civil.
“Además, se necesita mayor articulación e inclusión de medidas en las que se inserten los nodos de conexión del departamento, que es lo que hace que la macrocriminalidad —que viene desde Bolívar y desde el Magdalena— penetre en el departamento del Atlántico. Y eso no pasa por Barranquilla directamente, sino por otras áreas circundantes del departamento”, agregó.
Finalmente, Trejos planteó que es necesario establecer una política pública de seguridad y convivencia ciudadana que identifique, jerarquice y priorice las amenazas.
“Nuevamente, el anuncio es importante, pero no sabemos si lo que se busca es acabar o reducir el homicidio, los robos de tierras, el microtráfico o los pagadiarios; tampoco si se trata de un desmonte de las organizaciones criminales vía judicialización, o si lo que se quiere es que se golpeen las economías criminales para debilitarlas financieramente”, cuestionó el investigador.
