Uno de los grandes logros en Colombia en materia energética, luego del apagón de 1992, fue la creación de las leyes 142 y 143 de 1994. Estas le abrieron las puertas a un nuevo modelo de libre competencia al permitir la participación de inversionistas privados de manera paralela con las empresas estatales.
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Con este esquema se expandió la capacidad instalada mediante importantes inversiones en infraestructura, modernización tecnológica y diversificación de la matriz energética. Además, se fortalecieron los diferentes eslabones de la cadena eléctrica como generación, transmisión, distribución y comercialización, garantizando la confiabilidad en el sistema eléctrico.
Esta competencia, tanto en generación como en comercialización, dio paso a establecer un marco regulatorio que atrajo al capital extranjero, fortaleciendo al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Sin embargo, en los últimos años, el sector eléctrico viene atravesando lo que se podría considerar una de las etapas de mayor incertidumbre. En el caso de las empresas generadoras, la preocupación viene en aumento por el retraso de la puesta en marcha de los proyectos energéticos con los que se espera ampliar la capacidad energética del país y suplir la alta demanda.
Son múltiples los factores que han impedido el avance de estos proyectos, aseguraron los gremios del sector. Las demoras en los trámites de licenciamiento y los conflictos sociales se han convertido en una “piedra en el zapato” para que cerca del 60 % de la capacidad adjudicada llegue a ser una realidad.
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Un estudio realizado por SER Colombia indica que la puesta en operación de los proyectos se demora entre tres y seis años y que, el 70% de ese tiempo se requiere para la aprobación de los permisos.
A esto se le suma la inestabilidad jurídica que, con un “tono intervencionista”, viene enfrentando el sector energético con las medidas expedidas por el Gobierno nacional a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Analistas energéticos consideraron que, más allá de cambios legislativos para mantener la estructura del mercado –que son necesarios en temas específicos, como el incentivo de nuevas tecnologías– lo que se requiere son señales regulatorias claras.
En ese sentido, Javier Lastra, analista del sector energético, señaló que “los inversionistas necesitan estabilidad y reglas claras por parte del Gobierno. Si las regulaciones cambian de manera restrictiva para las empresas que ya están en el sector, podría generar incertidumbre y afectar la confianza en nuevas inversiones”.
Reiteró que no hay señales claras cuando se emiten resoluciones que luego se reversan. Agregó que el país tiene buenas oportunidades para que entren nuevos proyectos de generación y, por ende, mayores inversiones, teniendo en cuenta el estrecho margen entre la oferta y la demanda de energía.
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“El país está necesitando oferta, lo que hay que hacer es dar las condiciones de confianza que merece el inversionista para poder entrar a satisfacer toda la demanda energética del país”, indicó el experto.
Ahora bien, señaló, para ello debe haber un ambiente de tranquilidad y confianza y que las reglas del juego no se cambien en el camino.
En este sentido, afirmó que el Gobierno tiene que ser claro, especialmente la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Esta referencia tiene relación con los planteamientos de Carlos Adrián Correa, director de dicha entidad, con relación a que la hoja de ruta promueve la diversificación, pero no la eliminación del sector de generación con fósiles.
“En ninguna parte se ha vetado, pero lo que él expresa y dicen los documentos se debe ver reflejado en las políticas públicas del Gobierno y en la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”, enfatizó Lastra.
Con respecto a la anunciada subasta de expansión, el experto expresó su preocupación por el retraso de las licencias por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y los conflictos sociales que han tenido que enfrentar los proyectos de La Guajira.
“El Gobierno no puede ser contradictorio al abrir convocatorias, asignar cargos por confiabilidad y que luego, cuando estén todos los elementos sobre la mesa para iniciar los proyectos, el mismo Gobierno dificulta la expedición de una licencia”, afirmó.
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Señales de intervencionismo
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, fue enfático en afirmar que las continuas resoluciones “inapropiadas” expedidas por la Creg, las decisiones del anterior ministro de Minas (Andrés Camacho) y los “palos de ciego” de la Superintendencia de Servicios Públicos tienen en común el intervencionismo del mercado.
Acosta señaló que lo anterior se suma a los agresivos discursos del presidente Gustavo Petro en contra de las empresas y los empresarios: “Esto ha creado un clima hostil a la inversión y a los inversionistas, en un sector en el cual la inversión corre por cuenta de los privados, cero inversión de parte del Gobierno”.
Y agregó que la próxima subasta de expansión enfrenta un problema serio, que “el nuevo ministro de Minas, Edwin Palma, así lo ha entendido y está buscando alternativas para ver cómo saca adelante este difícil proceso”.
Por su parte, Camilo Marulanda, presidente de Isagen, afirmó que existen varias señales de intervención al mercado que “no solucionan el problema de precios, pero sí espantan la inversión que tanto necesitamos en el sector”.
Desde los gremios
El sector viene cuestionando el “intento” del Gobierno de tomarse algunas funciones regulatorias de la Creg, ante las dificultades que ha tenido para contar con el número de expertos que permitan adoptar decisiones de manera técnica e independiente.
Para los líderes gremiales, las propuestas del Gobierno de limitar la venta de energía en bolsa afectan la libertad de competencia empresarial y ponen en riesgo el sector.
Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de Ser Colombia, fue enfática en afirmar que se requiere de la estabilidad jurídica y un marco normativo que permita el cierre financiero de los proyectos y mantener atractiva la inversión privada.
Señaló, además, que el Gobierno va en la dirección contraria con la expedición de las recientes resoluciones que intervienen el mercado a corto plazo.
La líder gremial explicó que al limitar los precios de la energía se está generando una afectación muy grande: “Al poner un techo al mercado a corto plazo, desincentiva a los compradores a tener contratos a largo plazo, comprometiendo la financiación de los nuevos proyectos. Sin contratos a largo plazo, los bancos no pueden brindar el respaldo necesario para iniciar su construcción”.
El llamado desde el sector de las energías renovables al Gobierno es que reconsidere las medidas de control que vienen adoptando.
Para Hernández, la mejor forma de mantener la estructura de mercado y solucionar los problemas actuales es aumentando la oferta, acelerando la puesta en marcha de los proyectos, entre ellos de energías renovables, “porque son imprescindibles, no sólo por ser energía limpia, sino porque es competitiva en tarifas”.
En cuanto a la realización de la subasta de expansión por cargo de confiabilidad, la presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), Natalia Gutiérrez, insistió en la necesidad de la participación de todas las tecnologías disponibles, como las hidráulicas y las térmicas, porque que son estas las que han garantizado por décadas la seguridad energética del país.
“No podemos depender de una sola fuente, necesitamos equilibrio para evitar crisis futuras”, enfatizó.
En ese sentido, las subastas en los últimos años han priorizado los proyectos de energías renovables como los solares y eólicos que, como viene insistiendo el sector, estas no brindan la energía firme que requiere el sistema.
Por otro lado, teniendo en cuenta el tiempo de retorno de inversión de los proyectos hidroeléctricos a gran escala que oscila entre 15 y 30 años, los gremios piden una estabilidad regulatoria y compromisos financieros a largo plazo.
Los desafíos que enfrenta la subasta de expansión por confiabilidad
El urgente llamado de las generadoras de energía por una nueva subasta fue atendido por el Gobierno. Actualmente, las subastas son el mecanismo efectivo y probado para asegurar la atención de la demanda futura de energía.
El anuncio de la realización de una nueva subasta de expansión por cargo de confiabilidad durante el periodo 2029-2030 y en adelante, con la participación de proyectos de generación hidráulica y térmica fue bien recibido por parte del sector energético.
Desde el sector se ha destacado que la aprobación del punto de conexión de los proyectos adjudicados fue un avance. Este requisito que se exigían anteriormente frenó en su momento la participación de los inversionistas.
Sin embargo, esta nueva subasta enfrenta varios desafíos, entre estas la medida de la Creg en la que cambia el mecanismo del precio de escasez. Según la nueva regulación el Precio de Escasez Inferior se fijó en $359 kw/h el cual se aplica a las plantas de generación como las hidroeléctricas.
Además, estos cambios podrían desincentivar la participación de tecnologías renovables, como la solar y la eólica, al hacer menos atractivo el esquema de remuneración, dicen los líderes gremiales.
Para el sector, sin los incentivos adecuados y una regulación estable, se corre el riesgo que no se pueda cubrir el déficit de energía proyectado del 5% al 7%, comprometiendo la confiabilidad del sistema eléctrico a mediano plazo. Según XM, -operador del mercado- se proyectan déficits crecientes entre las Obligaciones de Energía Firme y la demanda hasta 2029, año límite de la proyección por falta de OEF contratadas más allá de ese periodo.
Creg archiva medida de escasez de energía
En días pasados, la Creg archivó una propuesta que buscaba ajustar el precio de escasez en el cargo por confiabilidad. A finales del año pasado el monto pasó de cerca de $900 kw/h a los $359 kw/h y el proyecto que estaba para comentarios pretendía aumentarlo a $540 kw/h.
Sin embargo, según Minminas, no se recibieron propuestas, sino solo rechazos. Este reversazo ha causado malestar dentro del sector porque aseguran que se pierde el incentivo para participar en la subasta porque el precio que quedó en firme es muy bajo y, en el caso de un incremento en el precio de bolsa, las empresas deberán comprar caro para vender barato para cumplir.
