Un total de 25 proyectos críticos por $276.336 millones son objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República en el departamento del Atlántico.
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Entre jueves y viernes, una delegación del ente de control –liderada por el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga– adelanta una visita a varios de estos proyectos, para verificar los avances y posibles desafíos.
En diálogo con El HERALDO, el vicecontralor Zuluaga se refirió a los casos más emblemáticos que tienen la lupa de la entidad.
¿A qué se debe esta visita que se adelanta en el departamento por parte de la Contraloría?
En esta visita al departamento, la Contraloría quiere evidenciar las situaciones irregulares que se han denunciado por veedores y medios de comunicación que están bajo el radar de este órgano de control.
En el Atlántico tenemos identificadas 25 grandes obras, que suman $278 mil millones. 14 de ellas se encuentran en estado crítico o ad portas de convertirse en elefante blanco, mientras que las otras 11 le generan una preocupación a la Contraloría porque son recursos públicos comprometidos en vías, acueductos, sistemas de tratamiento de agua, canalizaciones de arroyos que no se han ejecutado ni en los tiempos ni mucho menos con la cantidad de recursos que inicialmente se habían pactado.
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¿Qué municipios van a visitar? ¿Por qué se han priorizado?
Estamos visitando Sabanalarga, Piojó y Juan de Acosta y algunas obras que tienen una importancia representativa en Barranquilla.
En Sabanalarga son siete proyectos que están relacionados con canalización de arroyos, con vías perimetrales, con la terminación de la plaza principal que de alguna manera no han podido terminarse adecuadamente.
Son algunos procesos que han empezado a mostrar resultados y con estas auditorías y seguimientos lo que queremos es que el contratista y el contratante se pongan de acuerdo, resuelvan los problemas y los recursos se ejecuten con más velocidad y con más rapidez.
Desde la óptica de la Contraloría, ¿cuál es la situación actual frente al reasentamiento en Piojó?
La reubicación de las 50 familias, hasta el día de hoy, ha sido un verdadero desastre, como gran parte de las cosas que –desafortunadamente– la Unidad de Gestión del Riesgo ha hecho en casi todo el país.
No se han pagado los auxilios para arriendo que reciben las familias, mientras que el lote que compró la Ungrd –que lo advertimos en su momento– es inadecuado y así lo están reconociendo, que no se pueden construir las viviendas a 4 kilómetros de la cabecera municipal.
Esto ha hecho que las familias afectadas vayan nuevamente al mismo lugar donde ocurrió la tragedia, a reparar unas casas –de lo poco que quedó en medio de las ruinas– para poder vivir ahí porque no tienen con qué pagar arriendo.
Después de casi tres años no han podido entregarles una solución definitiva. Cuando el Estado es paquidérmico, no responde, no hace, la ciudadanía desconfía en esa capacidad de proteger sus derechos.
Por eso hay una preocupación de la Contraloría, porque hemos venido advirtiendo la necesidad de mirar un plan integral con mucha más seriedad, con más rigor técnico y desafortunadamente la Unidad de Gestión del Riesgo no lo ha hecho.
¿La Contraloría ha puesto la lupa sobre la ejecución del Centro de Deportes Náuticos? ¿Por qué?
El Centro de Deportes Náuticos ha preocupado muchísimo a la Contraloría. Es un proyecto que se ha financiado exclusivamente con recursos del departamento y debería la Contraloría Departamental estar encima, porque es un proyecto que arrancó costando $23 mil millones y hoy se han gastado más de $40 mil millones.
Aun así, el proyecto no ha sido concluido, a pesar de que arrancó en abril del año 2022 y que hoy está a punto de inaugurarse, pero no como una obra más, sino como un elefante blanco. Hemos querido, desde la Contraloría, convocar unas mesas de trabajo para pedirles las cuentas a los contratistas y a los supervisores de cómo ha sido el proceso de manejo fiscal de esos recursos, quién los ha autorizado los recursos, si los precios han sido adecuados, porque el seguimiento permanente lo permite hacer.
Y si esto llegara a convertirse en un inminente riesgo, porque se detecta que ha habido irregularidades, por supuesto el control preferente de estos recursos nos lo vamos a llevar a la Contraloría General de la República para adelantar las actuaciones que correspondan dependiendo el nivel de cosas buenas o malas que encontremos en esa ejecución.
En Juan de Acosta tenemos proyectos como sistemas de tratamiento de agua o acueductos que se empezaron en el año 2007 y que después de casi 18 años ahí todavía están los tubos enterrados y la gente pensando que hay una esperanza de mejorar los servicios públicos.
La comunidad del departamento debe tener claro que las cosas no pueden seguir igual y que aquí no hay ni inmunidad ni aquí tampoco hay privilegios. Aquí lo que necesitamos como órgano de control es que todos entiendan que hay que hacer lo que le corresponde, que los contratistas terminen las obras, que los supervisores vigilen que los recursos públicos se ejecuten adecuadamente.
Frente al Museo del Caribe y el Mamb, ¿cómo avanzan los seguimientos del ente de control?
En ambos tenemos un seguimiento y están dentro de la estrategia Compromiso Colombia.
En el Museo de Arte Moderno se reanudaron las obras, las tareas de ejecución del proyecto físico y va apenas en cerca del 10 %, pero es un proyecto que está bajo la vigilancia de la Contraloría y aspiramos que el contratista pueda cumplir las actividades planteadas.
Hay que recordar que aquí hubo una anterior inversión que fracasó y hay que establecer el manejo de esos recursos que se giraron inicialmente a través del Ministerio de Cultura.
Al margen de eso, es necesario que se tenga claro que no es borrón y cuenta nueva. Una cosa es que un proyecto esté en la estrategia Compromiso Colombia y vamos a sacarlo adelante y otra cosa es que lo que se hizo anteriormente y tuvo un mal manejo tienen que responder fiscalmente quienes participaron en ese manejo de los recursos.
