El cobro de valorización y la instalación del peaje de Arroyo de Piedra son dos procesos que se encuentran en vilo a causa de dos demandas interpuestas por las comunidades étnicas del departamento para reclamar la realización de consultas previas.
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Gersel Pérez, representante a la Cámara por Cambio Radical, sostuvo a EL HERALDO que estos procesos –que avanzan a pasos acelerados– se constituyen en una muestra del desconocimiento que tiene el Gobierno nacional sobre las dinámicas sociales del departamento y la región Caribe, generando afectaciones a comunidades vulnerables.
El congresista también recalcó que el Ejecutivo ha adoptado una actitud “revanchista” y “chantajista” contra el Congreso ante la decisión de no avalar su ley de financiamiento.
¿Cómo avanza la tutela contra la valorización? ¿Por qué decidieron imponer esta acción judicial?
Nosotros tomamos la decisión de presentar esta acción judicial después de un debate de control político que se realizó en la Asamblea del Atlántico, que fue convocado por el senador (Carlos) Meisel. Ese día le hicimos una solicitud especial a la ministra de Transporte que se certificara si se habían realizado las consultas previas.
Para sorpresa nuestra, el Ministerio de Transporte nos manifiesta que no es necesaria dicha consulta previa teniendo en cuenta que en estos sectores no existe presencia étnica. Lo cual viene en consonancia con lo manifestado por el presidente (Gustavo Petro) en la ciudad de Cartagena, donde aseguró que en estos sectores existen condominios que viven extranjeros y que no hay presencia de colombianos.
Esa tutela fue admitida y estamos esperando que el juez se pueda pronunciar en los próximos días para dar los resultados de esta solicitud.
Y frente al peaje de Arroyo de Piedra, ¿qué argumentos conllevaron a que la tutela fuese aceptada?
La juez segunda penal de Sabanalarga accedió a tutelar los derechos de las minorías étnicas que tienen presencia en ese municipio. Puedo decir que aquí tenemos un sinsabor porque la juez desconoce la presencia étnica en el municipio de Luruaco y además desconoce nuestra legitimidad como representante de la Cámara del Atlántico; por eso nosotros como voceros naturales de nuestra comunidad hicimos presencia en esta acción de tutela, la cual ya resolvió tutelando los derechos invocados por los presidentes de varias organizaciones de comunidades negras.
En ese sentido, revocó la resolución emitida por la Autoridad Nacional de Consulta Previa que desconocía la presencia étnica en estos territorios y le pidió a esta autoridad que inicie los trámites conjuntamente con la Alcaldía de Luruaco y la Alcaldía de Sabanalarga para que se pueda reconocer la presencia étnica en el territorio y se pueda desarrollar esa consulta previa.
Para nosotros es muy triste que el Ministerio del Interior y el Gobierno desconozcan la presencia étnica en el departamento. Esperamos que esas consultas previas se tengan que desarrollar para que la comunidad pueda manifestar su querer y su intención de que este peaje que afecta económicamente, socialmente y ambientalmente a nuestra comunidad no sea una realidad
¿Por qué cree que se están desconociendo los derechos de las comunidades étnicas?
Es ilógico que dentro del supuesto Gobierno del Cambio, que llegó a defender a los más desprotegidos, sea donde realmente se discrimine o se desconozca las presencias étnicas o ancestrales en los distintos territorios.
Yo jamás pensé que desde el Ministerio del Interior se pudieran dar las respuestas que se le entregaron a la juez, de que no había presencia étnica en el Atlántico y específicamente en estos municipios que tenían esta afectación administrativa. Nosotros estaremos, en el Congreso de la República, citando al señor ministro del Interior a la Comisión para que nos expliquen esas respuestas.
Esto yo creo que conlleva algo más y es que hay unos intereses particulares que posiblemente el Gobierno nacional está defendiendo y por eso desconocen esta presencia étnica.
El Gobierno ha anunciado una nueva reforma tributaria para financiar todas esas obras que están aplazadas, entre ellas la restauración del canal del Dique y las tarifas de energía. ¿Usted cree que es la solución?
Esto, sin duda alguna, es un chantaje. Es una forma de presionar al Congreso de la República que no le aprobó la ley de financiamiento. Ahora los recortes los quieren hacer ver como responsabilidad del Congreso de la República.
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Con esta iniciativa que están anunciando le van a decir al pueblo colombiano que la única forma de resolver los recortes presupuestales que están haciendo.
Yo sí tengo que decirles que no jueguen con los intereses del pueblo. El año pasado demostraron su incapacidad en la ejecución presupuestaria y de aquellos recursos que quedaron en caja, el Gobierno nacional debe sacar los recursos para aquella desfinanciación que hoy pretende manifestar a la comunidad.
Nosotros no vamos a caer en el juego, en ese chantaje que pretende para poder liberar unos recursos para hacer la campaña del 2026.
¿Cómo calificaría usted la gestión de Gustavo Petro hasta este momento?
Yo debo calificar al Gobierno nacional en un margen del 1 al 10, con un 3. El Gobierno nacional se ha rajado y demostró que no tenía capacidad administrativa para ejecutar ni el presupuesto ni las acciones implementadas o aprobadas dentro del Plan de Desarrollo y lo que ha causado en el país es un caos. El señor presidente parece que todavía estuviera en campaña, no se ha mentalizado que es el mandatario de los colombianos y que tiene una responsabilidad legal y constitucional.
