A través de una declaración conjunta, los gobernadores del Caribe colombiano expresaron su “profunda preocupación” ante la decisión de suspender la inversión de $710 mil millones en el proyecto de recuperación del Canal del Dique.
De acuerdo con los mandatarios, dicha intervención es “fundamental” para la mitigación del riesgo de inundaciones, la protección de orillas y la restauración ambiental de ecosistemas estratégicos que impactan a más de 1.5 millones de caribeños en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.
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“El Canal del Dique es una arteria vital para la conectividad hídrica y el equilibrio ecológico de la región. Su deterioro ha causado graves afectaciones a la bahía de Cartagena, la ciénaga de Barbacoas y a las comunidades que dependen de sus recursos naturales. La postergación de esta inversión condenaría a estas poblaciones a seguir enfrentando riesgos ambientales, económicos y sociales por muchas décadas más”, indicaron los gobernadores.
En la misiva expusieron que si bien entienden la necesidad del Gobierno nacional de priorizar la asignación de recursos, dejaron por sentado que proyectos de esta magnitud, con una inversión total de 3.4 billones de pesos y la generación de más de 60.000 empleos entre directos e indirectos, “no pueden ser relegados”.
“Hacemos un llamado a la bancada de congresistas de la Costa Caribe para que, en unidad, defendamos este proyecto como un pilar del desarrollo sostenible de nuestra región. No podemos permitir que se postergue la recuperación del Canal del Dique, ya que esta obra es clave para la seguridad, el progreso y el bienestar de nuestras comunidades”, recalcaron.
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Además, los mandatarios departamentales destacaron que se avanza en una apuesta de infraestructura multimodal con escenarios para la adaptación al cambio climático y una inversión social de $340.000 millones de pesos.
“La región Caribe requiere inversiones estratégicas y un compromiso firme del Gobierno nacional para avanzar en la solución de sus problemáticas históricas. Seguiremos insistiendo en la priorización de este proyecto y en la búsqueda de mecanismos que permitan su ejecución sir dilaciones. La mitigación de riesgos como las inundaciones ocurridas en 2010 es una prioridad que no puede esperar”, agregaron.
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Los gobernadores también exhortaron al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a “abrir un espacio de diálogo con las autoridades regionales y con el contratista del proyecto para encontrar soluciones viables que garanticen la continuidad de las obras sin poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.
