El proyecto de decreto que ha anunciado el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, y que limitaría la cantidad de energía que se puede comercializar en la bolsa ha sido objeto de críticas por parte de las empresas generadoras y distintos actores del sector eléctrico del país.
Para el gremio energético, este proyecto estaría cambiando las “reglas del juego”. Las medidas, de acuerdo con varios accionistas extranjeros de proyectos en Colombia, “vulneran los estándares de protección a la inversión extranjera a los que se comprometió Colombia bajo distintos instrumentos internacionales”.
Se ha cuestionado, además, que al limitar al 5 % sus ventas en la bolsa de energía para el mercado regulado es desconocer que todos los actores de la cadena energética pueden negociar libremente y además administrar eficientemente sus riesgos.
Expertos aseguraron que este decreto está tomando lineamientos de otros países sin consultar la realidad del país.
En ese sentido, Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, expuso que los términos del proyecto se ocupa de la gobernanza y el marco normativo, sin tener en cuenta a quienes hacen parte de esta actividad.
“Es como reglamentar un torneo de fútbol, pero sin contar con los equipos participantes ni los estadios en donde se van a jugar los partidos”, sostuvo el experto.
El reparo de generadores
Una vez se conoció el borrador del proyecto, las empresas generadoras de energía, a través de sus diferentes asociaciones, cuestionaron el documento; primeramente, porque no le corresponde al Ministerio de Minas expedir dicha regulación, sino a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Por lo anterior le han solicitado al Ministerio “abstenerse” de expedir cualquier propuesta para introducir cambios al marco regulatorio del sector eléctrico.
“Cualquier modificación regulatoria debe ser proporcionada, razonable y respetuosa de la confianza legítima, la seguridad jurídica y los derechos adquiridos”, han manifestado las asociaciones energéticas.
Para los generadores, cualquier intervención regulatoria del Mercado de Energía Mayorista (MEM) debe respetar integralmente los principios de libre competencia, neutralidad y no discriminación establecidos en la ley, garantizando que todas las tecnologías de generación puedan competir en igualdad de condiciones.
Los gremios han insistido en que estos mecanismos de control vulneran los principios de libertad económica y de empresa. Asimismo, señalaron que la imposición “arbitraría” e “injustificada” de un límite máximo del 5 % de sus ventas en la bolsa de energía para el mercado regulado desconoce abiertamente la posibilidad de que los actores puedan negociar libremente y administrar eficientemente sus riesgos.
De acuerdo con los generadores, este mecanismo de “control” que se propone “coarta esta libertad de los agentes y en su lugar les impone la obligación de vender el mayor porcentaje de su energía (el 95%) en el mercado de contratos”.
Por eso le proponen al Gobierno que se exploren alternativas menos invasivas y distorsivas que ataquen los problemas estructurales del mercado desde su raíz, “sin alterar los fundamentos del marco regulatorio vigente ni desconocer los derechos adquiridos por los agentes en virtud de la confianza legítima en la estabilidad de las reglas sectoriales”.
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Preocupación del sector
Luego del apagón de 1992 fueron muchas las reformas que surgieron para regular el sector y garantizar el servicio a los colombianos, colocando al país como un referente a nivel internacional por su modelo energético.
Como respuesta a las necesidades del mercado se crearon las leyes 142 y 143 de Servicios Públicos, estableciendo entidades regulatorias como la Creg, que sigue siendo la responsable de regular el sector eléctrico.
Una de las preocupaciones en el sector energético es una posible reforma de estas leyes que por más de 30 años han regulado el mercado. Una de las justificaciones del Gobierno para hacerlo, según los gremios, es la necesidad de bajar el precio de la energía en la región Caribe.
Es una premisa que refutan, alegando que el alto precio de la energía viene de diferentes variables acumuladas a lo largo de los años, como las pérdidas técnicas y fraudes, el atraso en la modernización de las redes, el cobro de la opción tarifaria el fracaso de la empresa de energía regional, entre otros.
Para los generadores, la Creg tiene las herramientas para ayudar a corregir varias de estas situaciones, pero necesita que el Gobierno la estabilice con los nombramientos en propiedad.
Voces de los gremios
Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, el proyecto de decreto lo que establece es que se tendría que vender más energía en contratos, lo que considera que sería muy “loable”.
Agregó que adoptar este mecanismo de un momento a otro para que “sea obligatorio y es mandatorio cuando no tienes los mecanismos para hacerlo”, genera complicaciones a las empresas que venden regularmente en contratos, como las empresas hidráulicas y renovables.
Explicó que los generadores no pueden ofrecer todo el tiempo energía en contrato porque no todo el tiempo llueve o se tiene el sol, en el caso de los parques solares. Estas situaciones, dijo, son riesgos inherentes al negocio que el decreto desconoce, y es por esta razón que actualmente existen mecanismos para mitigarlos.
“Si físicamente no tengo la energía para vender por contratos, se puede generar un incumplimiento”, sostuvo.
El mayor riesgo, aseveró el líder gremial, es que este tipo de anuncios provoca el desinterés para la llegada de más inversión: “Básicamente el principal efecto es desincentivar la inversión en el sector de generación”.
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Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial, dijo que ponerle un techo máximo a la comercialización de energía en la bolsa “es una locura”, debido a que termina afectando a los usuarios.
“Estamos diciéndole que tiene que comprar energía cara y venderla barata en un momento determinado”, dijo el presidente del Consejo Gremial.
Esto, señaló Sánchez, le quita la seguridad a los inversionistas que llegaron en el 2016 y que tenían unos compromisos y unas normas a cumplir.
“Muy seguramente este decreto de Minminas se va a caer porque la van a demandar y no hay el sustento para esto de mantenerlo de esa forma”, agregó el líder gremial.
Fue enfático en afirmar que se necesita tener una Creg autónoma, independiente y técnica “para que no tengamos simplemente decisiones políticas que no son las que le convienen al sector. Ponerle el techo a los mercados no es lógico, no ha funcionado en Argentina, no ha funcionado en Venezuela, no ha funcionado en Ecuador”.
Finalmente dijo que la peor y más costosa energía es la que no se tiene: “O si no preguntémosle a la gente de Puerto Carreño qué sintió cuando tuvieron que vivir varios días por no haber pagado tan solo 1.600 millones de pesos”.
El proyecto de decreto
Durante su más reciente visita a Barranquilla, el pasado 12 de diciembre, el presidente Gustavo Petro participó en la Asamblea Popular por la Democracia Energética en el Caribe y le dio instrucciones al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, de expedir un decreto para fijar un tope del 5 % en la venta de energía en bolsa a las empresas generadoras. Actualmente, se negocia en promedio el 20 %, mientras que el 80 % restante de la energía se comercializa a través de contratos bilaterales.
“Ministro es su responsabilidad, nos van a caer rayos y centellas, pero debe expedirse el decreto que limita la bolsa al 5 % de la generación eléctrica de Colombia para los diez más grandes generadores, no vamos a fregar a los pequeños, ahí no está el problema. El problema está en los diez más grandes, la mayoría dueños de embalses, del agua de Colombia, enriqueciéndose con ella y transfiriendo recursos al exterior a manos llenas porque la plata que ustedes pagan en las tarifas se va es a inversión a Centroamérica, España, Italia, o a Estados Unidos”, afirmó en esa ocasión el jefe de Estado.
Y agregó que a través de este decreto si podría acabar con la “especulación y sobreprecios” en la venta de energía, luego que admitiera que con una resolución emitida por la Comisión de Reguladora de Energía y Gas (Creg), que adoptó la medida de un precio tope para las plantas que generan energía a partir de fuentes renovables y del carbón, con efecto inmediato, no resultó como lo esperaba.
Lo anterior, porque si bien la medida establece que tiene un efecto inmediato, es decir que las empresas generadoras debían vender al precio establecido, pero también dice que la decisión es “voluntaria”.
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Gremios insisten en que la Creg cuenta con herramientas para actuar
Pese a tener más de 30 años de expedidas, las leyes 142 y 143 de Servicios Públicos Domiciliarios siguen estando vigente y con las herramientas para adoptar –a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)– las regulaciones para modificar el sistema tarifario y de ese modo lograr bajar el costo de la energía a los usuarios de la región Caribe. Así lo han reiterado los expertos en temas energéticos y gremios del sector.
Lo que se debería hacer, es actualizarlas de acuerdo a los requerimientos actuales. En ese sentido, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), consideró que desde la demanda si se debe actualizar la ley de servicios públicos que aunque es muy estructurada y eficiente.
“Puede incluir el criterio ambiental y eliminar desigualdades al haber permitido mantener integraciones empresariales de hecho que han afectado el desarrollo y competencia en el mercado energético”, sostuvo la líder gremial.
También señaló que mientras esto se estructura seriamente, si se aplicará a cabalidad la ley actual y con sus criterios se lograría una mejor situación para los usuarios, se evitarían capturas del regulador, y se tendrían tarifas más equitativas: “Todo depende del Gobierno”.
