La intervención con fines liquidatorios de la empresa Air-e, que fue confirmada durante esta semana por la Superintendencia de Servicios Públicos, es un nuevo capítulo en la extensa historia de la crisis energética del Caribe colombiano.
Lea aquí: En los próximos meses se podría consolidar el fenómeno de La Niña: Ideam
La decisión fue sustentada en un extenso informe presentado por el agente interventor, en el cual se refleja la “difícil situación financiera”, así como se reportan supuestas irregularidades como los racionamientos “disfrazados” en jornadas de mantenimientos, contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, entre otras anomalías.
Según el documento, de acuerdo con la información que fue socializada por la Superservicios, se encontró que las obligaciones causadas –al momento de la toma de posesión– eran inicialmente de $1.9 billones, principalmente por el reiterado incumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de la empresa.
Además, la ganancia operativa antes de depreciaciones y amortizaciones reflejaba una incapacidad para generar recursos suficientes para operar.
Lea además: Tranquilidad y confianza, el mensaje del agente interventor a usuarios y mercado eléctrico
Otro de los aspectos críticos contables y financieros que hallaron fue la caja disponible, la cual al momento de la posesión era de $30 mil millones, una cifra “insuficiente para cubrir gastos prioritarios, incluidos pagos a generadores de energía y XM”.
El informe también revela un retraso en el traslado del recaudo del alumbrado público, lo que genera intereses de mora, “ya que este debe hacerse a más tardar a los 45 días hábiles siguientes”.
Procesos ejecutivos en curso
En cuanto en los aspectos jurídicos y regulatorios, el informe diagnóstico reportó que por el incumplimiento de los pagos a proveedores hay procesos ejecutivos en contra de la compañía. Según Palma, por la intervención se logró suspender 21 de ellos, por una suma superior a los $69 mil millones.
“El atraso de estas obligaciones dentro del mercado llevó a la empresa a iniciar el proceso de limitación de suministro”, se lee en el documento.
De interés: Escogen firma para adelantar obras en el teatro Amira de la Rosa
Por otro lado, el aumento a la exposición a bolsa de mercado de energía de la empresa incrementó la vulnerabilidad financiera de la operación. Lo anterior, según el documento, se debió a que Air-e no pudo continuar con los contratos bilaterales de largo plazo en el mercado mayorista.
Situación operativa
La disminución de las inversiones en la infraestructura entre el 2023 y 2024 frente a los años anteriores “son insuficientes para mantener una adecuada infraestructura de redes y usuarios atendidos, lo que incrementa las fallas técnicas y las pérdidas de energía, afectando la calidad del servicio”.
En ese sentido, de acuerdo con el documento, en el 2023 la empresa invirtió $175 mil millones y en 2024 la suma de $155 mil millones.
Además “se sigue deteriorando la calidad del servicio por la falta de recursos y mantenimiento preventivo, lo que incrementa los costos operativos y reduce la satisfacción de los usuarios”.
Asimismo, señala que una de las causas que afectaron la liquidez de la empresa fue la baja efectividad en cuanto al recaudo y manejo “inadecuado” de la cartera.
En cuanto al control de energía, las pérdidas técnicas y no técnicas “superan estándares aceptables, indicando un manejo deficiente de la red eléctrica y mecanismos insuficientes para combatir conexiones ilegales”.
Cierre con pérdidas
El agente interventor mencionó en el informe diagnóstico que la empresa Air-e cerró el 2024 con una pérdida estimada de $1.4 billones y que esta crecería a una pérdida neta en el 2025 en $2.5 billones, lo que conllevaría a problemas de generación de ingresos y falta de liquidez.
“Es así como el margen operacional pasa de -22% a -49% en 2025, lo que evidencia una compleja situación financiera y la incapacidad de la empresa para cubrir sus costos y gastos”, expuso el documento.
Teniendo en cuenta las proyecciones financieras del flujo observaron una necesidad de $828 mil millones para el mes de enero de 2025, y un total de $1.38 billones para el primer trimestre. Además, de una necesidad de caja acumulada de $6.29 billones al finalizar el año 2026.
Resalta además el informe de diagnóstico que en el 2024 Air-e se financió principalmente a través de cuentas por pagar a proveedores y obligaciones financieras a corto plazo por valor de $1.7 billones adicionales, lo que le generó un nivel de endeudamiento que compromete su estabilidad financiera y su liquidez a corto plazo.
La intervención
Cabe recordar, que el 12 de septiembre de 2024, con la intervención de Air-e se confirmó el “rumor” que venía rondando meses atrás con respecto al futuro de la empresa de energía que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Por petición de los mismos socios de la compañía al Gobierno nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó posesión de la empresa y nombró a Carlos Diago, en ese momento, como agente interventor. Posteriormente se nombró a Edwin Palma en el cargo y recientemente fue ratificado en el mismo por el presidente Gustavo Petro.
Voces de expertos
De acuerdo con analistas del sector energético, la crítica situación financiera de la empresa Air-e tenía al borde de un apagón a parte de la región Caribe.
El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta señaló que la decisión adoptada por la Superintendencia tiene como objetivo adelantar las medidas necesarias para que Air-e pueda continuar desarrollando su actividad en los términos exigidos por la ley. Sin embargo, explicó que para lograrlo, dicha entidad tiene la obligación de “solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón”.
Para lograrlo, agregó, debe inyectarle los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye: “Para ello, la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo Empresarial, la mera intervención, per sé, no resuelve la delicada crisis financiera que llevó a la intervención”, aseveró.
Acosta también sostuvo que el caso de Air-e no es aislado y lo calificó como la “punta del iceberg” de la crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, a las cuales la nación les adeuda recursos por $2.4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
A ello, señaló Acosta, se suma la deuda de la opción tarifaria, cuyo saldo asciende a los $4.5 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió públicamente en el mes de mayo a asumir el monto de $2.5 billones correspondiente a los estratos 1, 2 y 3.
Por otro lado, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), manifestó que más que preocupación lo que quieren es conocer cuáles serán los mecanismos por parte de la Superintendencia durante la administración de la compañía para continuar haciendo parte del mercado y las obligaciones que tiene con este.
“Desde nuestro lado siempre hemos puesto la mejor voluntad para ayudarle a Air-e no solo con ofrecimiento de contratos de largo plazo, que es como la principal falencia que tiene la empresa de hoy en día, sino también mirando cómo se le da viabilidad a la empresa desde el punto de vista de mecanismos que se han utilizado en el pasado”, dijo Acosta.
En ese sentido, hizo referencia cuando en el 2017 se intervino Electricaribe, en ese momento se hicieron una serie de emisiones de deuda por parte del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios.
De acuerdo con Sandra Fonseca, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), la intervención con fines liquidatorios de Air-e indicaría claramente la inviabilidad de la empresa bajo la estructura actual.
“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá seguramente plantear un nuevo esquema empresarial. Lo que implica para la demanda que seguirá un mayor tiempo con mala calidad de servicio y sin el cumplimiento de las inversiones estimadas en la tarifa”, dijo.
Además, recalcó que esta decisión de la Superservicios es “valiente y reconoce la necesidad de cambio sin demora”.
Por último, destacó que, en este proceso, “los generadores deberán entrar en la fila de prioridades de pago según disponibilidad de recursos”.
Más alertas
En el gremio energético, las alarmas se encuentran encendidas frente a la actual situación de la empresa Air-e, puesto que podría desencadenar una crisis mayor con repercusiones en otros eslabones de la cadena y a un posible apagón en el país.
“Lo importante es que las decisiones se tomen con independencia. Que la alternativa que se decida permita sacar adelante al prestador del servicio, que sea sostenible en el tiempo. Vemos con preocupación que las compras de energía en la bolsa no se están pagando por falta de recursos y eso es preocupante”, indicó una fuente del sector a EL HERALDO.
En ese sentido, aseguró que dicho panorama se convierte en la “punta del iceberg”, puesto que otras empresas podrían ser intervenidas y no hacer los correspondientes pagos, lo que pone contra la pared a las generadoras de energía.
“Algunas empresas comercializadoras están viviendo momentos difíciles por el no pago de subsidio y eso podría trasladarse a los generadores; otras empresas pueden dejar de pagar por falta de recursos y serán objeto de intervención, por lo que tendrán que aplicarles el mismo modelo”, sostuvo.
Recalcó que el sector ha sido enfático en el reclamo por la falta de giros de recursos de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3: “No entendemos cómo el Gobierno ha planteado afectar a la gente, porque no han buscado una solución y la deuda va por $2.7 billones y seguirá subiendo”.
