Luego de que la plenaria del senado aprobara en segundo debate la reforma a la justicia impulsada por la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y la Corte suprema de con la articulación del Congreso, se llevó a cabo en Barranquilla el Foro Reforma a la Justicia, con el fin de socializar los cambios que el proyecto traería para el sistema.
Para el foro asistieron los coautores de la propuesta de ley como la Fiscal General, Luz Adriana Camargo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; el presidente del senado, Efraín Cepeda, y la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, así como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien les dio la bienvenida a la capital del departamento.
El pilar de esta reforma es la eficacia, pues distintos procesos penales tienden a demorar años para llegar a una resolución. Durante el primer foro, el alto mandatario de la Corte aseguró que esta reforma es un rescate a la justicia penal, porque “concilia dos principios importantes del proceso: la efectividad de la justicia y la imposición de penas en un plazo razonable”.
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Asimismo, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, puntualizó que este proyecto de ley tiene una estructura jurídico procesal adecuada y responde a problemas que enfrenta esta rama.
Con respecto a lo anterior, el presidente del senado, Efraín Cepeda, aseguró que es urgente contar con una justicia ágil y efectiva, pues esto permitirá devolver la confianza en nuestra ciudadanía y en la democracia.
Es de destacar que en el 2023 se registraron más de 1.9 millones de noticias criminales y el 57% de ellas fueron archivadas en la etapa de indagación.
Y de todas las noticias registradas, solo el 47% culminaron en una sentencia. “Los procesos penales actuales pueden durar entre 7 y 11 años, un periodo inaceptable que profundiza la sensación de abandono ante los ciudadanos”, finalizó Cepeda.
¿En qué se basa la propuesta?
Tal como se mencionó, el proyecto apunta a la eficiencia. Dentro de los dos nuevos mecanismos que la componen, y mejoran, están: la justicia negociada y la justicia restaurativa. Estos dos componentes aportarían procesos eficaces y soluciones más prontas a los ciudadanos.
“Principalmente, buscamos restablecer ese equilibrio del sistema acusatorio que con el paso de los años perdimos a partir de estas restricciones legales”, explicó la fiscal.
A su turno, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, detalló que la visión del proyecto es impulsar la emisión oportuna de decisiones judiciales y garantizar a las víctimas una reparación integral.
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Igualmente, “el proyecto va a generar alternativas para descongestionar el sistema judicial, que es una de las grandes reclamaciones de la ciudadanía”, puntualizó.
Finalmente, la propuesta contempla que en preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado se considera hasta la mitad de la rebaja de penas en ciertos delitos graves, como por ejemplo terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo o extorsión
Bondades de la reforma
Problemáticas como la extorsión, la inasistencia alimentaria y el hurto podrían ser más ágiles de resolver con esta nueva reforma.
En el caso de extorsión, se esperaría que, a través de preacuerdos e incentivos moderados, llegar a los primeros eslabones de la cadena criminal, los cuales son aquellos que realizan el acto.
Y, en cuanto al hurto, “la víctima podrá llegar a una reparación integral (...) y decir me declaro indemnizada integralmente y eso será una causal de extinción penal”, contribuyó el presidente de la corte.
Generalidades del evento
Cabe destacar que el encuentro contó con dos paneles, en el que el segundo participaron senadores y representantes de la comisión primera.
Asimismo, el gobernador Verano resaltó los avances en materia jurídica que su administración ha adelantado, tales como la implementación de un sistema que combina algoritmos avanzados y una base de datos jurídica digitalizada, logrando respuestas rápidas, precisas y basadas en precedentes favorables.
Como resultado, se ha logrado una optimización de la defensa judicial, reducción de costos y protección de los recursos públicos en el departamento.
Por otro lado, la Procuradora se refirió a otros temas que están en el ojo público del país, tales como los presuntos 20.000 cuerpos en los hangares del aeropuerto. La encargada aseguró que no han encontrado nada nuevo en la investigación luego de enviar a su equipo. En otra línea, las corrupciones en los casos de la Ungrd siguen dando de qué hablar, ante eso, sostuvo que siguen analizando y evaluando las nuevas denuncias: “ya tenemos traslado de copias de Fiscalía y de Corte Suprema”, detalló.
Y, finalmente, con respecto al artículo de la reducción de penas a violadores y asesinos de menores en Colombia, precisó que en el Comité de Política Criminal que realizan con las autoridades y en conversación con el Congreso, llegaron a la conclusión de que artículo no era malo, sino que, en el momento del país, no era el más prudente.
