La Contraloría General de la República advirtió la mañana de este jueves sobre los riesgos económicos y ambientales que dejaría la terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
Leer también: Lluvias causan una socavación en un tramo de la Vía al Mar
La advertencia la hizo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que adopten las acciones necesarias que eviten la materialización de los daños advertidos por este ente de control con una medida en este sentido.
En un comunicado de prensa, el ente de control indicó que de tomar este camino, que lo contempla el contrato, implicaría que la nación tendría que pagarle 350 mil millones de pesos al concesionario por unas obras menores de dragado y mejoramientos de vías.
Pero lo más grave para la Contraloría es que 1,5 millones de personas que habitan estos territorios continuarían afectados por los problemas ambientales que hoy afrontan, como el bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en épocas de sequía, excesiva sedimentación de los cuerpos de agua y sin el beneficio económico que les generará una inversión cercana a los $3,26 billones.
Para la Contraloría también sería grave que se tuviera que realizar ese eventual pago al concesionario, sin haber recibido a cambio ni una sola restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique y de la Bahía de Cartagena, desconociendo así las grandes expectativas de las comunidades en este proyecto y el objeto mismo del contrato, que es diseñar, financiar, construir, operar y mantener un proyecto de restauración ambiental.
Actualmente, el concesionario no ha comenzado las obras en firme pues está a la espera de que se resuelvan los nuevos escenarios de exigencia de licencia ambiental por parte de la ANLA, de introducción de un protocolo de la Justicia Especial de Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el Canal del Dique y de realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, producto del proceso de licenciamiento ambiental y/o de solicitudes de la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa (DACP) o de autoridades judiciales.
Importante: Barranquilla será el punto de clausura de la edición 2024 de la gran Travesía Río Magdalena
El contralor Carlos Rodríguez Becerra le solicitó al presidente de la ANI y a la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que, respetando su plena autonomía, de forma pronta y adecuada, evalúen e implementen las acciones que consideren necesarias y suficientes para que se mitigue e impida la materialización de los riesgos que se han identificado, evitando así la afectación de los intereses públicos.
Finalmente, la Contraloría insta a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que adopten las acciones necesarias que eviten la materialización de los daños advertidos por este ente de control.
