Edwin Palma es consciente del “reto mayúsculo” que tiene entre sus manos al asumir como nuevo interventor de la empresa Air-e. Por eso desde este lunes ha venido adelantado reuniones con las distintas dependencias para construir un diagnóstico certero que le permita avanzar en el cumplimiento de las directrices del Gobierno nacional para superar la crisis energética en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En su primer contacto con los medios locales, Palma reconoció que uno de los principales desafíos es garantizar el suministro de energía a los hogares del Caribe colombiano en medio de dificultades financieras.
“El reto más importante es garantizar la compra de energía. Estamos muy expuestos a la bolsa y el precio de la energía en bolsa está elevado, por las nubes. Debemos garantizar que nuestros proveedores nos sigan prestando los servicios. Estamos funcionando hoy en los mínimos”, aseguró el interventor durante una rueda de prensa realizada en el norte de Barranquilla.
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En ese sentido, indicó que es necesario el concurso de diversos sectores para consolidar soluciones a esta crisis energética.
“Todos ya saben las difíciles circunstancias que atraviesa esta compañía, porque es un tema estructural, de años atrás y por eso el Gobierno decide intervenirla. Estamos construyendo el informe diagnóstico, porque estamos encontrando problemas de deuda y de infraestructura, en la prestación del servicio”, explicó Palma.
Fue enfático al sostener que, en este proceso, también es necesario que “los usuarios participen en la discusión, en el debate público, de todo este tema de las pérdidas, no solamente las pérdidas técnicas que obedece al problema de infraestructura, sino también sobre los robos que hay en el consumo de energía”.
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Puso de presente que desde el Gobierno ha considerado la incursión de energías alternativas y el establecimiento de comunidades energéticas en áreas subnormales para que se disminuyan las tarifas de energía.
“Son medidas a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, porque ustedes saben también que no se hicieron las inversiones que requería la infraestructura de esta compañía”, agregó Palma.
La facturación
El funcionario sostuvo que se encuentran revisando los problemas que se registran actualmente en la facturación, en especial para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 que aún no han recibido el recibo del mes de octubre.
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“En efecto, pareciera que se van a juntar las facturaciones. Todos sabemos que tuvimos un ataque cibernético que estamos intentando superar y que afecta a la facturación”, dijo Palma.
El agente interventor de Air-e explicó que esta coyuntura conllevará a un análisis interno para definir los canales con los usuarios para atender todas sus inquietudes al respecto.
“Tendré que reunirme con las ligas de usuarios. Tendrá que haber mucho diálogo con estas organizaciones para que comprendamos que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte”, dijo.
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“Estamos haciendo lo que nos corresponde a través del Ministerio de Hacienda, de Minas, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), de la Superservicios”, agregó.
En la misma línea, Palma indicó que el ataque cibernético ha generado complicaciones para la operación de la empresa: “No tenemos ni Wi-Fi ni teléfonos fijos en el área comercial. Es decir, la situación es bastante compleja, pero aquí estamos para ponerle la cara a esto y salir adelante”.
Insistió que el Gobierno nacional ha venido adoptando acciones en el marco de la intervención y que en los próximos días habrá un equipo de la Superintendencia de Servicios Públicos trabajando en este sentido.
Cobros a terceros
Con relación a los cobros de terceros, el agente interventor señaló que se deberá adelantar una revisión detallada para tomar una decisión.
Cabe recordar que el mes anterior se había anunciado que desde noviembre no se harían los cobros correspondientes a tasa de seguridad, alumbrado público y aseo a través de la factura de energía.
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“Estamos revisando si la ley nos permite suspender estos pagos como se había anunciado. De todas formas, hay que conversar al respecto. En los próximos días espero reunirme con el gobernador, porque ustedes saben que la tasa de seguridad está reglamentada por una ordenanza y eso vincula a otra autoridad que es la Asamblea, por poner un ejemplo”, anotó.
Recalcó que se mantiene en pie la decisión de suspender el cobro de la opción tarifaria: “Mientras otras empresas difirieron el pago por varios años, para que sea manejable para los usuarios, esta compañía decidió hacerlo en un año y se trasladó a la tarifa. Son cerca de 230 pesos por kilovatio hora, en detrimento de los intereses de los usuarios”.
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Por otro lado, Palma informó que se ha hecho una revisión de la estructura de la compañía y preliminarmente se ha encontrado que no hubo un incremento desde el punto de vista contable: “Se pasó de 12 cargos directivos a 16, pero con igualdad en el gasto. Hemos pedido a Talento Humano que nos ayude a hacer un zoom para ver qué sucedió”.
Puso de presente que se ha evidenciado una reducción de los salarios del cuerpo directivo, lo cual “es consecuente con una compañía que está en crisis”.
Peticiones de los usuarios
Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios se reiteró el llamado al interventor de la empresa Air-e para que se declare oficialmente que este proceso se adelanta con fines de liquidación.
“No tendría sentido que el Estado invierta billones de pesos de todos los colombianos para devolverle la empresa a quienes defraudaron la confianza pública. Además de realizar una auditoria forense a la contabilidad de la empresa”, dijo Norman Alarcón, coordinador de la Liga.
Sostuvo, además, que “el Estado colombiano debe mantener el control y la administración de la empresa hacia el futuro, ya que es el único con el músculo financiero para atender los ingentes recursos para compra de energía, pago de proveedores, operarios, empleados, entre otros”.
