Las incógnitas que se mantienen alrededor de Air-e tras un mes de la intervención

Un mes ha transcurrido desde el momento que la Superintendencia de Servicios Públicos tomó el control de la empresa Air-e con la puesta en marcha de la intervención. En este periodo se han materializado una serie de medidas que buscan reducir el alto costo de la energía para los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Las decisiones adoptadas por el agente interventor, Carlos Diago, no han estado exentas de polémica, al punto que han generado una especie de ‘choque de trenes’ que pone en vilo al sector energético en medio de un “complejo” panorama por la escasez de lluvias y el déficit de gas para cubrir la demanda del país.

César Uparela, directivo de Acopi Atlántico y experto en temas energéticos, fue enfático al sostener que existe incertidumbre alrededor de la sostenibilidad de la empresa ante los anuncios hechos por el agente interventor sobre la actualidad financiera de la compañía.

“Ha dicho que financieramente encontró una caja deficitaria y en la parte operativa encontró que el 50 % de los contratos que estaban a largo plazo de compra de energía se fueron venciendo y el anterior dueño no los fue renovando, por lo que deben comprar esa energía en bolsa”, puso de presente.

A eso se suma, en su concepto, que no existe confianza alrededor de la intervención de la empresa debido al papel que ha venido cumpliendo la Superintendencia de Servicios Públicos en medio de esta “crítica” situación en la región Caribe.

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“El superintendente (Dagoberto) Quiroga es el encargado de vigilar a los operadores de red y debía conocer que los contratos no se estaban renovando, que cada día era mayor la exposición en bolsa”, agregó.

Por eso indicó que el Ejecutivo debe hacerse responsable de cumplir con todos los parámetros requeridos para garantizar la prestación del servicio a 1.3 millones de usuarios en los tres departamentos.

“Desde el Gobierno sabían que la infraestructura eléctrica del Caribe quedó muy deteriorada por el manejo de Electricaribe; un estudio de la Asociación de Ingenieros arrojó que se requieren $12 billones para poner a tono esa infraestructura. Si la Superservicios adelantó la intervención, debe tener los recursos para que el operador pueda seguir funcionando”, remarcó el experto.

Para Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, tras un mes de intervención de la empresa Air-e es “muy temprano” como para disipar la preocupación y el reclamo de sus usuarios que está centrado en las bajas a las tarifas.

“El agente interventor anunció que se iba a eliminar el cobro del impuesto al alumbrado público, así como de las tasas de seguridad y aseo, pero fue desautorizado por el superintendente de Servicios Públicos. En todo caso, de llegar a darse bajará el costo de la factura, pero no la tarifa de la energía porque tales conceptos no hacen parte de la tarifa”, expresó el experto en temas energéticos.

También recordó que se anunció la suspensión del cobro de la opción tarifaria y que de hacerse efectiva será “la única forma de reducir el costo de la factura, pero no de la tarifa; solo se aplaza, se posterga el pago de esa deuda por parte del usuario, que fue lo que se hizo en 2020″.

Expuso que si bien se vienen presentando interrupciones en la prestación del servicio, estas son de menor duración en comparación con la era de Electricaribe. Agregó que solo se garantizarán las mejoras con más inversiones, “que dependen ahora de la inyección de recursos que le debe hacer a la empresa la Superintendencia a través del Fondo Empresarial”.

En ese sentido,Acosta recalcó que “obras son amores y no buenas razones, la confianza en la intervención dependerá de la factura del servicio del mes de octubre, que le llegará a los usuarios en los primeros días del mes de noviembre”.

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Norman Alarcón, coordinador en el Caribe de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, sostuvo que el Gobierno debe mantener la administración y control de la empresa Air-e o plantear su posible liquidación.

“El Gobierno debe decidir que esa intervención debe ser con fines de liquidación, que no sea para rescatar a Air-e y devolverla a quienes maltrataron a millones de usuarios casi 4 años y defraudaron y mancillaron la confianza pública”, sostuvo.

Indicó que un mes es “poco tiempo” para determinar si hay una tendencia a la mejora o desmejora en la prestación del servicio. Agregó que existen “anuncios positivos” como la suspensión del cobro de la opción tarifaria y los proyectos de la Creg para modificar el régimen especial tarifario para el Caribe.

Asimismo, dijo que las acciones a corto plazo para mejorar son asegurar la compra de energía con contratos a largo plazo y menos exposición a la compra de energía en bolsa especulativa: “A largo plazo se deben adoptar mecanismos para tener certeza en la modernización de la infraestructura eléctrica obsoleta, la más atrasada del país, que muestra el abandono histórico del Caribe por parte del Estado”.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que la preocupación más grande corresponde a que se hicieron unos diferimientos de pagos por las ventas en bolsa desde hace más de un año.

“Esas compras en bolsa diferidas a 18 meses están más o menos del orden de unos 380 mil millones. Por otro lado, otros agentes cancelaron contratos con los dueños anteriores por no haber un pago. Creo que las deudas de Air-e frente a todo el sistema pueden estar del orden de unos $600 mil millones”, detalló.

El líder gremial indicó que la suspensión de la medida de limitación de suministro por la intervención se constituye en una “talanquera” para recuperar los recursos que son adeudados por la compra de energía.

“La empresa puede seguir demandando la energía que requiere y si a ellos no les pagan se entra en una cadena de no pagos, que es inviable e insostenible en el tiempo. Esta no es la mejor situación y genera mucha zozobra”, agregó.

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También indicó que existe alerta debido a que el Fondo Empresarial de la Superservicios no cuenta con recursos para apoyar a las empresas intervenidas: “Este año tiene presupuesto por $50 mil millones y se requiere mucho más. El Gobierno ha dicho que tiene que respaldar el fondo para darle tranquilidad al sistema”.

Mencionó que debe existir confianza alrededor de la intervención debido a que es un mecanismo contemplado en la ley para mejorar los indicadores y que los accionistas iniciales puedan recibir una empresa saneada.

“En la ley está previsto el actuar de la Superintendencia y tiene que precisamente dar más confianza a los otros agentes, a las otras empresas y compañías que hacen parte del sector de energía eléctrica, porque para eso fue diseñado y creado el mecanismo de intervención”, dijo.

Mientras que José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), afirmó que en los procesos de intervención de las empresas de servicios públicos se debe avanzar en el cumplimiento de los indicadores.

“Cuando el Estado interviene una empresa, suponemos que es para mejorar. De manera pues que si bien es cierto que las obligaciones al momento de una intervención quedan congeladas se espera que el Estado cumpla con la regulación, con todos los mecanismos que le den garantía y solidez al sector”, explicó.

Por otro lado, Manzur aseveró que es “preocupante” que se suspenda la limitación de suministro a causa de la intervención: “Es una medida que no le da tranquilidad al sistema, no le da solidez y puede conducir a que haya un riesgo sistémico”.

Al respecto, aclaró que “en la medida que estén intervenidos, siguen comprando energía y ante el evento de que no paguen se va a seguir suministrando energía y eso pone en bastantes dificultades a toda la cadena; lo que se debe hacer es buscar y garantizar la solidez del sector”.

El agente interventor de Air-e, Carlos Diago, aseguró recientemente a EL HERALDO que se encuentran comprometidos con cumplir la meta de reducción de las tarifas de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

“Yo estoy a cargo temporalmente de enfrentar esta intervención con directrices gerenciales conducentes a mejorar la prestación del servicio y a estabilizar la empresa, porque esta empresa se interviene con fines de recuperarla, no con fines de liquidarla”, sostuvo el agente interventor.

Indicó, además, que “este es un esfuerzo conjunto que involucra también a nuestros clientes y, de cierta manera, a nuestros usuarios y a nuestro personal; entonces, estoy haciendo unas estructuraciones necesarias a efecto de que la empresa funcione conforme a las directrices que tengo del presidente Petro”.

Reconoció que existen dificultades para hacer negociaciones con algunos generadores de energía debido a “desconfianzas” que tienen relación con las decisiones adoptadas por la antigua gerencia de la compañía.

Además, defendió la tesis del presidente Gustavo Petro con relación a los generadores de energía: “Se beneficiaron del llamado Índice de Precios al Consumidor (IPP), que nunca ajustaron al Índice de Precios al Consumidor (IPC); estoy calculando las ganancias indebidas que tuvieron al usar ese índice, perjudicando a los usuarios”.

Con el inicio de la segunda temporada de lluvias en el departamento se han incrementado los reportes de cortes de luz en diversos sectores, que se suman a la reducción de las labores de mantenimiento en las calles de Barranquilla y los municipios.

Por otro lado, los usuarios en el Atlántico han reportado que se mantienen las demoras en la entrega de la facturación. Algunos no han recibido la factura correspondiente a octubre, a pesar de haber transcurrido más de 10 días del mes, mientras que otros siguen a la espera de la llegada del recibo correspondiente al mes de septiembre.