El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Ospina, habló con EL HERALDO sobre la actualidad del peaje Papiros y los avances que se han logrado en el proceso para transferir un tramo de 12 kilómetros de la Vía al Mar a la Gobernación del Atlántico.
¿Cuál es el panorama actual del peaje Papiros? ¿Se puede considerar como una caseta antitécnica?
La Agencia Nacional de Infraestructura es absolutamente consciente de los efectos que puede tener una estación de peaje en la estructura financiera que se creó para los contratos de concesión, con el fin de generar las formas de retribución de los distintos contratos.
Esto lo hemos tratado de gestionar a través de las diferentes instancias que han generado los gobiernos locales para buscar soluciones para las problemáticas que se plantean. La realidad con Papiros es que, desde nuestra óptica y desde las gestiones que se han venido realizando, es una caseta de peaje legal, es una caseta de peaje que se estructuró y que se incluyó en el contrato original y que debido a las múltiples manifestaciones de la comunidad, llevó en su momento a la suspensión del cobro.
Esas suspensiones del cobro generaron efectos sobre el equilibrio del modelo financiero. No obstante, en su momento la ANI y el Ministerio de Transporte hicieron esas suspensiones en el cobro, pero esto no puede durar para siempre porque el equilibrio del modelo financiero depende del recaudo de estos peajes.
Derivado de las múltiples mesas de trabajo se definió una tarifa muy baja, 1.500 pesos, para las categorías 1 y 2. Realmente son 1.000 pesos para la fiducia que retribuye al concesionario, los otros 500 pesos para el Fondo de Seguridad Vial. Esto con la visión de que las personas que viven en Puerto Colombia o que interactúan entre Puerto Colombia y Barranquilla básicamente contribuyan al mantenimiento de la vía.
Estos 1.500 pesos, en términos reales, 1.000 pesos, no van a generar una retribución para compensar o pagar la obra de infraestructura, simplemente es para contribuir a la operación y mantenimiento. En ese sentido, con la voluntad del Gobierno departamental, que ha estado muy pendiente de toda esta dinámica, se acordaron –a pesar de tener esa tarifa diferencial, que es la más baja del país en los proyectos concesionados–unas franjas horarias para restablecer el cobro sin generar congestión vehicular, entre otros aspectos.
Días atrás, la Gobernación dio a conocer su intención de asumir el manejo de ese tramo de la Vía al Mar. ¿Cómo avanza ese proceso?
Lo primero para mencionar es que como muestra de la profunda voluntad del sector transporte de llegar a esos mecanismos de concertación, se presenta la propuesta de transferir las responsabilidades sobre ese tramo de 12 kilómetros. Es la unidad funcional 4 y derivado de esa intención de la Gobernación y de la viabilidad que dio la ANI a la propuesta se establecieron unos equipos técnicos para discutir los términos de la transferencia de las responsabilidades.
Obviamente esto debe ir acompañado de la firma de un otrosí con el concesionario. Nosotros definiendo el equipo estamos listos para trabajar con la Gobernación para que se ponga en blanco y negro cuáles son las responsabilidades de retribuciones que se encuentran aún pendientes con el concesionario y cuáles son las condiciones que debemos garantizar en la vía.
Todo eso debe quedar plasmado, en especial, los mantenimientos correctivos que se deben hacer están planeados en el plan de obras para que la unidad vial que va desde Cartagena hasta Barranquilla se mantenga en las mismas condiciones y no haya un riesgo de deterioro.
Planteamos un plazo de 60 días para sentarnos con la Gobernación para definir este convenio, que deberá ser tripartito, porque la desafectación de la concesión significa que el Instituto Nacional de Vías acepte que esta vía –que es del orden nacional– la gestione la Gobernación.
El proceso está avanzando, esperamos que a partir de la firma de la resolución, que le dio 60 días más de extensión al no cobro al peaje en unas franjas horarias, avance la discusión que debe terminar con la firma del otrosí con el concesionario, si acepta la desafectación de esta unidad funcional.
¿Cómo avanzan las mesas de trabajo con el concesionario? ¿Habría afectación al equilibrio financiero?
Acá no se afectaría el equilibrio financiero porque la Gobernación asumiría esas responsabilidades. Claramente hay un menor recaudo de peaje, porque esa caseta no estaría operando y esa sustitución de la fuente la asumiría la Gobernación.
Básicamente esa es la discusión y esas son las mesas de trabajo que se plantearon con la Gobernación para poder avanzar. Esperamos que el concesionario –entendiendo que esta es una dinámica social que ha sido apoyada por el gobierno local, con la Asamblea, con la bancada de congresistas– esté abierto a trabajar en esta línea, pues somos parte de una comunidad y la posición frente a la caseta del peaje es ampliamente conocida por el concesionario.
¿Cómo avanzan las inscripciones para acceder a la tarifa diferencial? ¿Aún hay plazo para inscribirse?
En este momento hay más de 1.150 personas inscritas. Digamos que no hay un plazo final para hacer una inscripción. Acá cabe mencionar que la Agencia Nacional de Infraestructura considera que el levantamiento de las talanqueras, que el amedrentamiento a las personas que trabajan en estas estaciones de peaje y que trabajan por la concesión, que son personas de la región, que algunas actitudes y acciones que se asumen en torno a la protesta social son vías de hecho.
Creemos que se debe diferenciar el concepto de la protesta social a impedir el cobro de un peaje que es una fuente legal de recaudo. Yo creo que en eso debemos hacer una diferenciación respetando plenamente las manifestaciones sociales, respetando que el diálogo sea el camino para dirimir estas diferencias, pero ante todo entendiendo que levantar una talanquera y oponerse a que se opere de manera normal la infraestructura vial pues es una vía de hecho.
