El sector educativo en el departamento se encuentra en alerta debido a los impactos que generaría el inminente cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
Relacionado: La pelea jurídica que se libra para tumbar la valorización
De acuerdo con un estudio preliminar realizado por la Unión Temporal Montaña y Borrero en el año 2019, alrededor de 287 unidades prediales con vocación educativa serían impactadas con el cobro de valorización. Ese grupo de predios contaba con un avalúo catastral cercano a $401 mil millones y representaban un recaudo de impuesto predial de $3.941 millones.
Según dicho informe, en Barranquilla se ubicaron 25 predios con esta vocación, mientras que en Puerto Colombia se identificaron 61. También se contabilizaron predios con destinación educativa en Juan de Acosta (24), Malambo (20), Tubará (4), Galapa (3) y Piojó (2). El número más alto corresponde a la ciudad de Cartagena, que registró 148.
Sin embargo, es de anotar que esta cifra sería muy superior teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte contrató a la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla para adelantar una actualización catastral para avanzar en el cobro de este gravamen.
Ante este panorama, EL HERALDO habló con varios directivos de centros educativos que se encuentran dentro de la zona de influencia para el cobro, los cuales recalcaron que existe preocupación debido a que esta contribución generaría “aprietos” en materia financiera.
Marietta Morad, rectora del colegio IDPHU Campestre Bilingüe, aseguró que el cobro de valorización se constituye en un elemento que ahonda la crisis que viven los establecimientos educativos a nivel nacional.
“Los colegios estamos atravesando un momento crítico porque cada día hay menos niños, cada día aumentan las exigencias de los padres de familia y tenemos unos lineamientos de aumento de matrícula que provienen directamente del Ministerio de Educación y que en ningún momento permiten que uno se salga de ellos”, sostuvo.
Puso de presente que, en caso de que se aumenten los gastos, el Consejo Directivo tendrá que tomar medidas: “Cada día tenemos mayores responsabilidades financieras y eso tiene repercusiones. Es una situación preocupante, porque muchos colegios han tenido que cerrar sus puertas por falta de recursos”.
Mientras que Henry Vergara Ruiz, vicerrector administrativo y financiero del Colegio Internacional Altamira, dijo que si bien a lo largo de su trayectoria han mantenido una postura apartada de las discusiones políticas, reconoció que hay temas que afectan directamente a la comunidad académica.
“Consideramos que es un asunto delicado y que debe ser tratado con justicia y equidad. Nos preocupa que los fondos destinados a nuestra región no se estén invirtiendo de manera adecuada, lo que podría tener un impacto negativo en el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad”, expuso.
Reiteró que la prioridad de la institución educativa corresponde a “la educación de calidad y el bienestar de nuestros estudiantes. Seguiremos trabajando incansablemente para brindarles un futuro prometedor, sin perder de vista los valores que nos han guiado hasta ahora”.
A su turno, María Fernanda Juliao, vicerrectora financiera y administrativa de la Fundación Universitaria San Martín, expuso que el cobro de la valorización implica un incremento adicional en los gastos de la Institución educativa y ello repercute en una menor destinación en inversión para la comunidad educativa y el desarrollo del sector.
“Nuestro cobro de matrículas está regulado por el Ministerio de Educación Nacional, por ello, estos cobros de contribuciones repercuten de manera directa en la inversión en el sector”, indicó la directiva.
Juliao hizo un llamado al Gobierno nacional para que reconsidere estos cobros, teniendo en cuenta que “actualmente nuestro sector se está viendo afectado por alta deserción estudiantil”.
En ese sentido, puso de presente que el sector educativo contribuye al desarrollo de país y por ende “debemos garantizar la calidad educativa y los altos costos de cargas impositivas y contribuciones tienden a limitar nuestro desarrollo institucional”.
Recientemente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) dio a conocer que el cobro de la valorización se hará a 248.656 predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
Además, la entidad indicó que el valor a cancelar se definirá de acuerdo con la distancia o accesibilidad del predio a dichos corredores viales. También se confirmó que el monto a distribuir a través de la valorización asciende a $2.3 billones que corresponden al beneficio obtenido por la ejecución de la obra con la indexación correspondiente.
