La génesis de una aguda crisis que desencadenó la intervención de Air-e

Luego de tres años y once meses de haberse iniciado la operación de Air-e y Afinia en el Caribe colombiano, los habitantes de la región se sienten viviendo un déjà vu a causa de la aguda crisis financiera de ambas compañías que rememoran la crisis que vivió Electricaribe, que conllevó a su liquidación.

Esta semana, la Superintendencia de Servicios Públicos dio inicio a un nuevo capítulo en esta ‘tortuosa’ historia con la intervención de Air-e, con el fin de garantizar la prestación del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Norman Alarcón Rodas, coordinador en el Caribe colombiano de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, aseguró que la crisis que vive la empresa Air-e no es nueva y “tiene puntos comunes” con la que vivió Electricaribe.

En ese sentido, el experto indicó que esta coyuntura se ha desprendido por la “privatización del patrimonio público” que se adoptó a través de una ley en 1994, permitiendo la adopción de criterios diferenciales para las tarifas de servicios públicos.

“La empresa Air-e recibió prebendas billonarias del Gobierno anterior y un régimen especial tarifario contra los costeños que provocó la crisis en la que estamos”, expuso Alarcón en diálogo con EL HERALDO.

Puso de presente que otro de los aspectos que conllevó al “fracaso” del modelo de operación de Air-e corresponde a las “tarifas impagables” que conllevaron a elevar la pobreza energética de la población de la región.

“Esto se agravó por los cortes masivos incluso a usuarios que ya habían pagado y a personas vulnerables con protección constitucional. Incluso, aprobando el Gobierno actual la llamada opción tarifaria de deudas de la época de la pandemia, cuando ni tan siquiera ambas empresas habían llegado a la región”, enfatizó.

José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), indicó que la situación financiera de los prestadores en el Caribe colombiano se ha visto afectada por varios aspectos.

“En la región Caribe se genera el 40% del déficit de subsidios, el 50% de los saldos de la opción tarifaria, los mayores niveles de pérdidas en la prestación del servicio, las mayores deudas de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, la mayor cartera por recuperar, las más grandes zonas de áreas de difícil gestión, entre otros”, agregó el líder gremial.

Indicó que desde el gremio se alertó, en diferentes oportunidades, sobre esta situación. Indicó que, frente al nuevo panorama, se requiere del “pago inmediato” de los subsidios y la apropiación de los déficits en el presupuesto general de la Nación.

“Se requieren mecanismos de financiación y titularización de las cuentas por cobrar, así como el compromiso de las autoridades regionales para pagar las deudas oficiales  el acompañamiento institucional para operar de manera adecuada y segura en las zonas especiales”, aseguró.

El líder gremial enfatizó que el gremio ha estado a disposición para la búsqueda de alternativas que permitan “garantizar tarifas eficientes mitigando los impactos en los usuarios”.

Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, sostuvo que el principal reto en esta nueva etapa corresponde a que se garantice la prestación del servicio de energía. De esta manera, según el experto, se pueda evitar la “inminente” limitación de suministro y la reanudación de los periodos de continuidad, que conllevan a cortes diarios de energía en diversas zonas.

“Para superarlo con éxito el agente interventor debe contar con todo el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos, empezando por la cancelación de la deuda que tiene el Gobierno nacional con la empresa por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, así como la concreción del crédito puente de Findeter para fondear la empresa y darle liquidez”, aseguró.

También indicó que es “fundamental” que la empresa minimice su exposición en bolsa, con el fin de evitar que los usuarios estén expuestos a la volatilidad de los precios: “En circunstancias como las actuales la cotización del kilovatio/hora se eleva desmesuradamente. El 1 de julio se cotizó a $121.79, el 1 de agosto $426.21 y más recientemente el 12 de septiembre a $797.17. Hay que privilegiar los contratos bilaterales con los generadores, en los cuales el precio promedia en este momento es de $300 el kilovatio/hora”.

El experto mencionó que se debe adoptar un plan de choque para la normalización de redes en los barrios subnormales, a través de los recursos del Fondo Único de Soluciones Energéticas (Fonenergia).

“Mi propuesta consiste en un ejercicio de ingeniería financiera, mediante el cual se hace un cálculo de los ingresos que se esperan recibir en los próximos 5 años en el Fonenergia, una vez establecida dicha suma se procedería a su titularización y con los recursos obtenidos de la banca por la vía de su titularización, con ellos constituir un capital autónomo cuyos recursos tendrían como destinación específica su inversión en el programa de normalización y modernización de redes”, explicó.

Por último, Acosta expuso que “este programa de normalización de redes, que contribuirá a mejorar la calidad de la prestación del servicio, iría de la mano de una gestión de cartera amigable con los usuarios y con el apoyo de las autoridades territoriales para el cobro de la energía facturada”.

Desde la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos se ha propuesto que se adelante una auditoría forense que permita un “examen exhaustivo” del manejo contable y financiero de la compañía.

“Se debe aprovechar para dar por terminado el régimen especial tarifario contra los costeños y dejar de cobrar ipso facto la opción tarifaria, ya que se la pagamos en un 90% a Air-e, aunque el Gobierno actual se comprometió a pagarla y no la ha hecho todavía. Esto daría un gran respiro a casi cinco millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, dijo la organización.

Asimismo, indicó que también es clave reformar la Ley 142 de 1994 en sus aspectos más negati-vos, como que la rentabilidad sea el criterio fundamental para determinar las tarifas y derogar el artículo que prohibió la existencia de empresas industriales y comerciales del Estado en los servicios públicos.

Tras la puesta en marcha de la intervención, los gremios de Atlántico y Magdalena sostuvieron una reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos para manifestarle su disposición de trabajar de manera articulada y aportar en este proceso.

“Le manifestamos la necesidad de buscar medidas estructurales que resuelvan, de manera definitiva, esta problemática. Desde hace mucho tiempo estamos viendo intentos fallidos, han pasado empresas públicas y privadas, pero ninguna lo ha logrado”, aseguró el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda.

En ese sentido, el líder gremial indicó que es “fundamental” que se asegure la compra de energía a largo plazo para contar con precios eficientes: “En la medida que se reduzca la exposición a la bolsa, los consumidores van a pagar un mejor precio”.

También recalcó la necesidad de que se haga una inversión en las redes de distribución para reducir las pérdidas y mejorar la prestación del servicio.

“Al margen de todo, quedó en evidencia que el régimen tarifario especial no dio resultados, por lo que se debe ajustar, se debe modificar. Este régimen es el que habilita a las empresas a cobras de manera anticipada las inversiones y las pérdidas”, puntualizó Cepeda.

Tras confirmarse la intervención por parte de Superservicios, la empresa Air-e emitió un comunicado y explicó que la medida fue adoptada tras una solicitud por la “imposibilidad” de continuar operando bajo las condiciones actuales del mercado energético.

La compañía puso de presente que la coyuntura actual se ha caracterizado por un “aumento desmedido” en los costos de generación. En ese sentido, explicó que “los problemas estructurales del mercado han derivado en un aumento del 500 % en el costo de energía en los últimos dos meses”.

Indicó que el “incremento desmesurado” en los costos de compra de energía han conllevado que se destinen $876 mil millones en 2023, mientras que en 2022 se utilizaron $145 mil millones para tal fin.

“Ha superado la capacidad operativa de la empresa, afectando tanto a la compañía como a los usuarios. Con el respaldo del Gobierno se espera regular a los generadores y establecer precios justos que garanticen la capacidad de pago de los usuarios”, agregó.

En ese sentido, Air-e indicó que confía en que el Estado “implementará las medidas necesarias para asegurar un servicio de energía asequible y de calidad”.

Por otro lado, la empresa indicó que, en septiembre de 2023, el 77 % de la energía por contratos costó $176 mil millones, mientras que el 23 % comprada en bolsa alcanzó $211 mil millones.

“Los costos totales en la bolsa en septiembre de 2023 fueron un mil por ciento superiores a los de enero de este mismo año”, enfatizó.

Carlos Diago, agente interventor de Air-e, fue enfático al sostener que se ha demostrado que no es conveniente el modelo de entregar la distribución de energía a empresas foráneas.

“El servicio de energía de la región, que es una región tan rica en recursos energéticos, debe ser prestado por su propio beneficio y su propia explotación. Es una vergüenza que vengan de Bogotá o Medellín a sacar pecho, cuando esa energía se traduce en precios impagables”, indicó.

En ese sentido, expuso que “no podemos ser pasivos y que las utilidades terminen en las arcas de la capital o Medellín”.

A través de un comunicado, el Grupo EPM indicó que se han realizado inversiones por más de $2 billones que han permitido una “notable reducción” en la frecuencia y duración de las interrupciones en la prestación del servicio. Expuso que, según las estadísticas, corresponden a 47 horas y 72 veces al año de menos interrupciones, con respecto al año 2020.

Sin embargo, expresó que la situación de Afinia podría llegar a comprometerse ante la “concurrencia de una multiplicidad de causas”, tales como la difícil recuperación de los indicadores de recaudo que alcanza año corrido 78,36 % y de pérdidas que se ubica en 27,86 % en los últimos 12 meses, la acumulación del saldo de la opción tarifaria que suma $1,5 billones y la cartera oficial que alcanza $290 mil millones.

A eso se suma la cartera pendiente por subsidios, que asciende a $394 mil millones, “pues los pagos no se han realizado ni completa ni oportunamente”.