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A través de un acta, el Gobierno nacional, la Gobernación, los alcaldes de 21 municipios, miembros de la bancada legislativa del Atlántico y la empresa Air-e firmaron un acta de compromisos tras una serie de reuniones que se adelantaron en la ciudad de Bogotá.

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Uno de los puntos del documento corresponde a atender los requerimientos de energía de 180 mil familias de zonas subnormales (85 gigavatios GW hora/mes) y 450 mil usuarios en zonas de difícil gestión (92 gigavatios hora/mes), los cuales están afectados por las limitaciones económicas y los altos costos de generación de energía.

“Reconocemos los esfuerzos realizados por la empresa prestadora del servicio en la mejora de la calidad, los esfuerzos del Gobierno nacional con el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, la Creg, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los gobiernos departamentales y locales y de los usuarios. Aunque se ha avanzado, entendemos la necesidad de un plan de acción articulado que garantice la prestación del servicio de una energía de calidad, confiable y asequible”, se lee en el mencionado documento.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, los retos del sistema energético requieren de una nueva modalidad de gestión pública en la que todos los actores se involucren para superar cualquier obstáculo y avanzar hacia las soluciones.

De esta manera se concertó que entre el 5 y el 9 de agosto se realizará en Barranquilla una reunión entre Acolgen, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación, con la participación de los demás actores del sector energético.

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Otro de los compromisos de la Nación es que se seguirán emitiendo las regulaciones de la Creg necesarias para la disminución de la tarifa en la región Caribe. Asimismo, se continuará con la ruta establecida por el Gobierno nacional para el pago de los saldos de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3.

El Gobierno nacional también adoptó la propuesta de adelantar un estudio imparcial y técnico que busque repuestas a la necesidad de ampliar el consumo básico de subsistencia de 173 KWh/m a 252 KWh/m.

También se adelantarán ajustes al objeto de los proyectos Prone para que se avance en la normalización de barrios subnormales en la región con medición individual e inteligente, así como se amplíe la instalación de autogeneración renovable en las viviendas.

La empresa Air-e, por su parte, se comprometió a no retomar los periodos de continuidad por seis meses desde el 5 de agosto de 2024. Esta medida se adoptará teniendo en cuenta la vigencia de las medidas regulatorias adoptadas por el Ministerio de Minas y Energía y la Creg, que favorecerán la continuidad de la prestación del servicio en dichos mercados.

Asimismo se instalarán mesas de trabajo de gestión social en conjunto con las alcaldías y la Gobernación del Atlántico para definir la forma en que se programará el levantamiento individual de la carga de cada vivienda sin medidor, socializar y validar con la comunidad.

Asimismo, la compañía ofrecerá planes de financiación a las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones) para el pago oportuno de las deudas contraídas.

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Por su parte, las alcaldías municipales y la Gobernación se comprometieron a agendar reuniones con la empresa Air-e para revisar los casos puntuales de las zonas especiales de suministro de energía.

Por otro lado, la bancada de congresistas de la región Caribe indicó que apoyará las iniciativas legislativas tendientes a los ajustes tarifarios necesarios para resolver la situación en el territorio.

Mientras que los usuarios de servicios públicos coadyuvarán en las campañas de concientización del uso racional y eficiente de la energía, y dar cabida a los procesos de mejora en la prestación del servicio, haciendo uso de sus derechos, a la información y participación en todo el proceso de normalización.

Otros de los puntos concertados en la reunión corresponden al fomento y participación en los  programas de Energías Renovables en el marco de Transición Energética Justa, la modificación de la ley de Servicios Públicos y un plan de acción para el ahorro de energía.