Una tensa calma se vive en el Atlántico. Aunque se han suspendido los cortes diarios del servicio de energía hasta el próximo 5 de agosto, existe preocupación entre los alcaldes de los municipios debido a la “imposibilidad legal” para asumir acuerdos de pago con la empresa Air-e con relación a las deudas de los barrios subnormales y zonas de difícil gestión.
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Los mandatarios municipales han expresado su intranquilidad debido al impacto que tendría la reanudación de dicha medida, que comprende desde alteraciones al orden público hasta intermitencias en la prestación del servicio de agua potable.
Óscar Avilez, alcalde de Polonuevo, puso de presente que si bien el municipio no se encuentra en el listado de morosos a la empresa Air-e, el suministro de agua potable se vería afectado debido a que el acueducto que los surte se encuentra en jurisdicción del municipio de Sabanagrande y este sí se encuentra dentro de los sectores con altas deudas de energía.
“Si le quitan la energía al circuito de Sabanagrande, automáticamente se va el agua en los municipios de Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela y Baranoa, que se surten de esa planta de tratamiento. En estos municipios no tenemos una deuda alta con Air-e y no van a suspender el suministro de energía, pero si nos quitarían el suministro de agua que es vital para la comunidad”, explicó el mandatario en diálogo con EL HERALDO.
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Fue enfático al mencionar que “los alcaldes no estamos de acuerdo con esa prórroga que está dando la empresa Air-e. No es más que ponernos una soga al cuello para que firmemos unos acuerdos para el pago de deudas que vienen de años atrás en los barrios subnormales. Los municipios, en la mayoría de sexta categoría, no tenemos los recursos para hacernos cargo de la deuda”.
Cabe anotar que la empresa Aqsur indicó –a principios de esta semana– que la medida de cortes diarios del servicio de energía conllevaría a variaciones en los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios de Luruaco, Repelón, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Santa Lucía.
“Esto implica que nuestras operaciones de captación, tratamiento y distribución de agua potable y recolección de aguas residuales podrían experimentar interrupciones temporales o reducciones en su capacidad habitual”, sostuvo la compañía ante el inicio de la aplicación de la medida.