Promover la defensa, protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín a través de un mecanismo asociativo es uno de los acuerdos sellados entre las autoridades que participaron este viernes en la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría General de la Nación ante los conflictos sociales y ambientales que se pueden generar por las dinámicas de expansión urbana en Barranquilla y Puerto Colombia.
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Gustavo Guerrero Ruiz, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, explicó que las autoridades han expresado su voluntad de manera articulada y coordinada para la protección de dicho ecosistema.
'La idea es que exista un mecanismo financiero que permita inyectar los recursos necesarios para adelantar un proceso de recuperación ambiental. Ha sido una iniciativa de la Procuraduría al recordar la figura de ecobloque que funcionó en el departamento y en Distrito', recalcó. Sostuvo, además, que en este espacio se revisaron los posibles impactos que genera el desarrollo de proyectos urbanísticos en zonas aledañas a la ciénaga de Mallorquín.
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'Trabajamos para establecer mecanismos de articulación y acción concretos que impidan que el ecosistema sea degradado, no solo el cuerpo de agua, sino todo el ecosistema en su conjunto. Que se garanticen las compensaciones, el reparto equitativo de cargas y beneficios para la naturaleza y los ciudadanos', agregó.
Indicó que en este espacio participaron delegados de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, el Área Metropolitana de Barranquilla y el Ministerio de Ambiente, así como de empresas de servicios públicos. Sin embargo, cuestionó la ausencia de un representante del Ministerio de Vivienda.
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'No se puede hablar de ordenamiento territorial en torno al agua como una política pública, como una base del plan de desarrollo, sin hacer presencia en un escenario como este', expuso el delegado del Ministerio Público.
Expuso que actualmente avanzan en el marco de la función preventiva y fue enfático al sostener que en el caso de detectarse irregularidades se adelantarán los procesos correspondientes. 'Si de esta actuación preventiva se identifican omisiones o acciones que configuren violación a las normas o al derecho de gozar con un ambiente sano, la Procuraduría hará los traslados para las investigaciones disciplinarias que haya lugar', dijo.
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Agregó que 'esperamos que se pueden activar mecanismos de articulación entre las entidades; esperamos tener espacios de carácter técnico para escuchar a actores sociales que nos cuenten sus inquietudes y preocupaciones alrededor de las tensiones entre desarrollo urbanístico y protección ambiental'.
