La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Transporte que realice los trámites para la constitución de una mesa interstitucional de articulación por el proyecto de APP del Canal del Dique.
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Este estamento fue establecido entre las medidas cautelares dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debido a la protección de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en este cuerpo de agua.
El objetivo de dicho espacio es la elaboración –en un plazo 'máximo e improrrogable' de seis meses contados a partir de la notificación del auto– de un documento con los lineamientos que permita adoptar los protocolos de salvaguardia y protección de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto armado.
De esta manera, según la JEP, se permitirá garantizar 'su búsqueda, identificación y entrega digna en futuras obras o proyectos'.
Dicha herramienta también debe contar con un mecanismo de evaluación de los impactos sociales y ambientales que incluya en su elaboración la participación de las comunidades interesadas respecto del proyecto: 'Una vez constituida la referida mesa, su Secretaría Técnica deberá remitir informe dando cuenta de tal constitución, lo cual deberá ocurrir en los 15 días siguientes a la notificación del auto'.
Por esa razón, la solicitud –hecha por Jairo Acosta, en su condición de procurador delegado con funciones mixtas 11 con funciones de coordinación de intervención para la Jurisdicción Especial Para La Paz– busca que se cumpla el propósito en el término estipulado.
'Contará con nuestro acompañamiento desde el ámbito de nuestras competencias constitucionales y legales, como representantes de víctimas, de la sociedad y garantes del ordenamiento jurídico', sostiene el órgano de control en el documento.
En dicha mesa deben participar –según la medida cautelar– el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Además serán convocadas la Dirección de asuntos índigenas, Rom y minorías, la Dirección de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y la Autoridad de Consulta Previa del Ministerio del Interior, así como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) con el acompañamiento de la Procuraduría delegada ante la Jurisdicción.
