Innumerables fueron los escollos que el Gobierno Nacional tuvo que superar para brindar una 'solución estructural y definitiva' a la crisis que se vive en los siete departamentos del Caribe a causa de la irregular prestación del servicio de energía eléctrica.
El primer intento se materializó sin éxito en 2018, bajo el liderato del presidente Juan Manuel Santos (ver recuadro). Sin embargo, la imperiosa necesidad de mejorar las condiciones del servicio en la región llevó al presidente Iván Duque y su equipo de gobierno a estructurar un nuevo proceso, que culminó de forma exitosa con la conformación de las empresas Aire y Afinia.
El 2 de abril de 2019, el Gobierno Nacional socializó el plan creado para la búsqueda de uno o varios operadores idóneos para asumir la prestación del servicio de energía en la Región.
'Este nuevo proceso aumenta las probabilidades de encontrar una solución definitiva para esta zona del país que representa el 25% de la totalidad de la demanda en Colombia', expresó en su momento la entonces ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.
Dicho plan dividió la operación de Electricaribe en dos grandes sectores: Caribe Sol (compuesto por Atlántico, Magdalena y La Guajira) y Caribe Mar (integrado por Bolívar, Sucre, Córdoba, y Cesar).
Entre los criterios que se exigieron para participar en la oferta se encontraban que el inversionista-operador estuviese prestando el servicio de energía a más de 600.000 usuarios y tener un patrimonio de USD500 millones.
'Las reglas que proponemos buscan que los inversionistas que lleguen a operar el servicio de energía tengan la experiencia suficiente y comprobada para garantizar que se hagan las inversiones requeridas', dijo la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.
Aplazamiento por Ley de financiamiento
En noviembre del año anterior, la subasta para la escogencia de un nuevo operador para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe fue aplazada a causa de la caída de la Ley de Financiamiento.
En dicha ley estaban incluidos tres artículos (la tasa nominal de renta, la tasa de las megainversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital) que tenían incidencia directa en el proceso.
Ante este panorama, las tres subastas programadas para el 3, 6 y 12 de diciembre de 2019 se reprogramaron para los días 26 (mercado completo) y 28 de febrero de 2020 (mercado segmentado).
Según lo indicado por la Superservicios, el impacto para los interesados podría ser cercano a los $500 mil millones.
Finalmente, la nueva Ley de Financiamiento fue aprobada el 20 de diciembre de 2019 tras intensos debates en el Congreso, lo que permitió la reactivación de la subasta.
Segundo aplazamiento
A pocos días de llevarse a cabo la subasta, la Superservicios sorprendió con un nuevo anuncio de ampliación del cronograma.
En esa oportunidad, la entidad indicó que el proceso fue reprogramado para el 20 de marzo debido a una solicitud de algunos de los interesados en el proceso de vinculación de inversionistas para el sistema de distribución local y de transmisión regional.
Dichas peticiones fueron aceptadas en su momento, teniendo en cuenta la magnitud de la transacción, la complejidad del mercado operado por Electricaribe y la preparación de la documentación necesaria en esta etapa final.
La subasta
Finalmente, el 20 de marzo se cumplió la escogencia de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM) y el Consorcio Energía de la Costa como las dos firmas para la operación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
EPM fue seleccionada como la empresa encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en el segmento conocido como Caribe Mar, que cubre a 1.51 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar.
Por su parte, el Consorcio Energía de la Costa asumió el segmento Caribe Sol con 1.21 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y la Guajira.
