Una 'intensa' disputa entre la continuidad y la renovación se ha vivido al interior del Concejo de Soledad tras la posesión de los nuevos cabildantes.
Aunque en este lugar hay muchas caras nuevas, la ciudadanía soledeña asegura que representan la continuidad de las políticas lideradas por el grupo de concejales que fueron inhabilitados por la Procuraduría por haberse extralimitado en sus funciones en la expedición de un acuerdo que permitió la creación del Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte.
De los 19 concejales actuales, al menos 13 tienen algún parentesco familiar con los exconcejales impedidos. Tal información fue comprobada por este medio de comunicación al asistir a una de las recientes sesiones del Concejo, en la que se encargó a Jorge David Rodríguez Barona como el contralor municipal, e identificar dentro de los asistentes a hermanos y padres de los hoy coadministradores de este municipio del Atlántico.
Para algunos, este actuar —de impulsar a familiares a cargos políticos— supone una estrategia enmarcada en un acto legal y para otros una forma de continuidad en el poder.
'Lo que hoy vemos en Soledad preocupa, pero lo cierto es que esto no solo pasa aquí. Si miramos a los demás municipios del país y hasta las grandes ciudades también nos encontraremos con el mismo panorama. Las 'madrinas' y/o los 'padrinos'políticos siempre están buscando mantener su silla, y si no pueden estar ellos se aseguran de que alguien cercano a ellos las ocupe', dice un habitante del municipio que prefirió no revelar su nombre.
El docente y abogado Rachid Nader explica que desde la perspectiva política 'sin lugar a dudas hay un cambio de los candidatos, pero los grupos políticos de apoyo son similares'.
EL HERALDO se puso en contacto con algunos de los cabildantes de este municipio para conocer más información sobre el tema.
'Mi candidatura estuvo definida desde hace ya dos años. Mi papá me había manifestado que quería que lo sucediera en el Concejo. Fue una decisión que se tomó antes de su inhabilidad, esto último no fue algo que influyera en la toma de la decisión, siempre lo tuvimos claro', dice Rubber Cartagena, perteneciente al partido Cambio Radical e hijo del exconcejal Rubber Cartagena, hoy dentro de los suspendidos para ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años.
Por su parte, Cielo Racedo, del partido Liberal y esposa del también inhabilitado Ricardo Arcón, manifiesta que con el tiempo ha venido construyendo un proyecto político al lado de su cónyuge y tomaron la decisión conjunta de llevar una aspiración al Concejo. 'Esta se consolidó llegando a ser elegida como cabildante de nuestro municipio. Somos un grupo independiente. De hecho mi posición es neutral y con independencia en el Concejo Municipal'.
Finalmente, Bryan Orozco (Cambio Radical), hermano del inhabilitado Juan Carlos Orozco, asegura que el Concejo de Soledad es el mismo de hace 20 años. 'Son los mismos con las mismas. Por eso Soledad no avanza. Aquí solo hay como dos concejales nuevos'.
Y sostiene que si 'el Concejo no cambia las prácticas clientelistas y politiqueras seguirá envuelto en escándalos de corrupción'.
Inhabilitados posesionados. Astrid Barraza, del partido Conservador, y Robin Castro, del Liberal, son dos de los 19 cabildantes de Soledad a los que la Procuraduría General de la Nación había destituido e inhabilitado por 10 años a finales del 2019 y que, además, se habían posesionado en este nuevo período; sin embargo, a la fecha no se encuentran sesionando en el Concejo Municipal, y la mesa directiva está a la espera de la Registraduría Nacional para conocer quiénes serán los nuevos concejales a posesionar.
El presidente del Concejo, Jairo Samper, por el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social, explica que en el momento de la posesión de los dos implicados, el presidente de transición (Alfredo Arraut, perteneciente al partido de la U) nombró una comisión de revisión documental y se pudo constatar que no tenían ningún tipo de sanción, y asegura que el Concejo no había sido notificado de la sentencia proferida por el ente de control, y que solo fueron notificados el 9 de enero.
