Con gran hermetismo, una comisión de la Fiscalía General de la Nación desarrolló ayer una diligencia de inspección en el edificio donde funciona la Alcaldía de Puerto Colombia.
Una fuente cercana al proceso confirmó a EL HERALDO que la inspección fue liderada por funcionarios de la Fiscalía 43 de la Unidad de Delitos Anticorrupción, debido a una denuncia que fue presentada en 2017.
La querella fue interpuesta por 'presuntas irregularidades' en el proceso de revisión ordinaria del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y la modificación excepcional aprobada mediante un Acuerdo del Concejo Municipal.
La comisión, que llegó procedente de Bogotá, estuvo el pasado martes por varias horas en la sede del Concejo municipal y citó a versión libre y espontánea a varios funcionarios y exfuncionarios de la administración de Puerto Colombia.
Gilberto Sarmiento, secretario de Desarrollo Territorial de Puerto Colombia, aseguró que los funcionarios llegaron hasta su dependencia y solicitaron los planes parciales que han sido aprobados desde el 2016 hasta la fecha, así como las actas de socialización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Por su parte, el alcalde Steimer Mantilla indicó que la diligencia de inspección es 'un trámite' del ente investigador en medio del proceso que se adelanta por la presunta aprobación de esta hoja de ruta sin contar con estudios de vulnerabilidad urbanística y ambiental.
Se conoció, además, que el trabajo investigativo de la comisión de la Fiscalía General de la Nación continuará mañana en otras dependencias de la Alcaldía de Puerto Colombia.
Cuestionamientos. Entre las reformas que son cuestionadas, y fueron declaradas inválidas por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, se encuentra el uso del suelo en áreas aledañas al Lago del Cisne y al Club Lagos de Caujaral, permitiendo la construcción de edificios con una altura superior a los 20 pisos.
Asimismo, existe una polémica alrededor del incremento de la densidad habitacional en sectores cercanos a Villa Campestre, pasando de 4 a 240 viviendas por hectárea neta urbanizable, una cifra equivalente al 50% de Barranquilla.
