Harvey Weinstein y sus exsocios llegaron a un acuerdo de principio para pagar millones de dólares a las mujeres que los demandaron ante la justicia civil, una primera indemnización para las víctimas del movimiento #MeToo, que aguardan el juicio penal del exproductor de Hollywood en septiembre.
El acuerdo de principio, que debe ser avalado por un juez de Maryland el 4 de junio, fue anunciado por varios medios estadounidenses, y se desconocen aún sus detalles.
Según fuentes citadas por la prensa local, prevé el desembolso de unos 30 millones de dólares a numerosos demandantes implicados en una quincena de casos, entre ellos mujeres que demandaron a Harvey Weinstein por acoso sexual, a veces en episodios que se remontan a más de 20 años atrás, pero también acreedores de su productora The Weinstein Company.
Otros 14 millones de dólares serán destinados a pagar a los abogados de sus exsocios, que fueron demandados junto a Weinstein, agregaron las fuentes.
La esperanza es que esos 44 millones de dólares -que serían pagados por los seguros, sobre todo los de la Weinstein Company- pongan un punto final a las demandas civiles contra la productora, incluida la del fiscal general del estado de Nueva York, que a comienzos de 2018 la acusó de no haber protegido a sus empleados del acoso sexual de Weinstein.
'El proceso ha sido largo y complicado y pensamos realmente que este acuerdo aporta una dosis de justicia, aunque no sea tanta como queríamos', se congratuló Aaron Filler, abogado de la actriz española-estadounidense Paz de la Huerta, una de las demandantes, al diario Los Angeles Times.
Para Bennett Gershman, profesor de Derecho de la Universidad Pace y exfiscal, el acuerdo es 'una victoria para las mujeres que dicen haber sido maltratadas'.
Pero también es una buena noticia para Weinstein, y sobre todo para su antigua empresa, con la cual cortó lazos y que ahora 'puede dejar atrás este gran dossier y dar vuelta la página'.
Poco impacto en el juicio penal
Este experto estima no obstante que el acuerdo tiene poco impacto sobre el juicio penal de Weinstein, que debe comenzar el 9 de septiembre en Nueva York.
El productor de 67 años, poderosa figura de Hollywood gracias a la producción de películas originales como las de Quentin Tarantino, deberá responder a dos acusaciones de agresiones sexuales contra dos mujeres distintas, una por violación en 2013 y otra por una felación forzada en 2006.
Más de 80 mujeres lo han acusado públicamente de agresiones y de acoso sexual desde octubre de 2017, entre ellas celebridades como Ashley Judd, Salma Hayek y Angelina Jolie, pero solo será juzgado por estas dos agresiones porque las demás prescribieron o no han podido ser verificadas.
El acuerdo en el ámbito civil, que podría permanecer confidencial tras ser finalizado, posiblemente no incluya un reconocimiento de culpa de parte de Weinstein o sus exsocios (que podría ser utilizado durante el juicio penal), según el experto.
Por eso el impacto de este acuerdo sería apenas 'simbólico', aunque el hecho de 'aceptar pagar una suma sustancial parece implicar que hicieron alguna cosa reprensible' y podría influenciar a los jurados encargados de determinar si Weinstein es culpable.
Pero eso no quiere decir que el acuerdo beneficie forzosamente a la acusación, explica Julie Rendelman, una abogada neoyorquina.
La fiscalía prevé llamar al banquillo de los testigos a las mujeres indemnizadas por el acuerdo civil, pero la defensa buscará probablemente 'desacreditarlas' argumentando que su motivación era obtener dinero.
A fines de abril, los abogados de las dos partes debatieron a puertas cerradas con el juez para determinar qué víctimas de Harvey Weinstein podrían dar su testimonio durante el juicio, que debe durar unas seis semanas.
El juez dio a entender que la decisión quizás no sea comunicada hasta el inicio del proceso, aunque se trata de un punto potencialmente decisivo.
Las declaraciones de cinco mujeres que nunca demandaron al actor televisivo Bill Cosby, acusado también de decenas de agresiones sexuales pero juzgado por una sola, fueron determinantes para su condena en un segundo proceso.
