La Corte Suprema de Justicia decidió el futuro del oso de anteojos ‘Chucho’, el cual por fallo de un habeas corpus, había sido ordenado su regreso a la reserva de Río Blanco, en Manizales, luego de haber llegado a Barranquilla.
'La acción de tutela presentada por la Fundación Botánica y Zoológica De Barranquilla (Fundazoo) contra la Sala De Casación Civil de esta Corporación, trámite al cual se vinculó a Luis Domingo Gómez Maldonado, Corpocaldas, Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, La Nación – Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales', se lee en el fallo cuyo ponente fue el magistrado Fernando Castillo Cadena en la Sala de Casación Laboral de la entidad.
El fallo ordenó conceder el amparo al 'debido proceso de la acción de tutela impetrada por la Fundación Botánica y Zoológica De Barranquilla (Fundazoo), por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia'.
Además dejó sin valor y efecto toda la actuación surtida 'al interior de la acción constitucional de habeas corpus, identificada con el radicado 17 001 221 3000 2017 00486 01 y disponer el archivo de las diligencias'.
Es decir, que la orden dada por el magistrado Luis Armando Toloso Villabona de regresar al animal a Manizales queda sin efecto alguno. Y ‘Chucho’ podrá quedarse en Barranquilla, ciudad a la que llegó hace unos meses.
En el fallo también se lee que se debe 'notificar a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito'.
El expediente es ahora remitido a la Corte Constitucional 'para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada'.
Los argumentos de Fundazoo en la acción de tutela se basaron en el concepto técnico emitido por Corpocaldas que dice que la reubicación del espécimen 'mejoraría su bienestar, además de potenciar el valor para la conservación de la especie'.
Además censuró la anterior decisión, considerando que 'produjo un impacto negativo en la sociedad, generando un equivocado entendimiento constitucional y legal para el uso de las acciones legales'.
