La entidad les impuso una sanción por $142.350.000, pues identificó que el máximo poder de decisión en la estructura corporativa lo tuvieron esas personas naturales y no las sociedades intermediarias que se utilizaron.
Desde marzo de 2024, los implicados presentaron una propuesta para devolver voluntariamente el dinero. Después de varios fallos judiciales, el juez del caso determinó que se cumplían los requisitos y aprobó un plan para desmontar la intervención.
La empresa había expresado que el ente de control vulneró sus derechos por convocarla a un proceso de reorganización, al presentar cesación de pagos.
El ente reiteró que esto no significa que sea una toma de posesión de la empresa venezolana con sede en Barranquilla.
Petro había dicho que no estaba de acuerdo con la posible venta de la empresa venezolana.