Desde la bancada independiente y gobiernista celebraron el paso de la iniciativa a sanción presidencial.
En el Senado se debate una normativa que busca establecer multas para las personas o establecimientos que generen sonidos con altos volúmenes.
En caso de aprobarse en su octavo y último debate, el proyecto pasaría a conciliación.
El Gobierno Nacional ha justificado este proyecto argumentando la necesidad de financiar el hueco fiscal que trae el presupuesto General de la Nación, que le impide el cumplimiento de sus metas sociales, con la promesa de una reactivación económica en un escenario que supuestamente garantiza la sostenibilidad fiscal y ambiental del país.
De acuerdo con el centro de pensamiento, esto supondría mayores barreras para acceder a un empleo formal para quienes están desempleados y para los trabajadores que hoy laboran en el sector informal.