Esta figura, contemplada en las normas de contratación estatal para casos de fuerza mayor, se emplea para poder celebrar contrataciones directas temporales sin necesidad de un proceso licitatorio.
Se trata de un contrato para la producción de los documentos por un valor 599 mil millones de pesos.
Los funcionarios no estarían atendiendo a los llamados por los retrasos de las obras de reconstrucción de la zona tras seis años de la avalancha.
La alerta se da luego de la cancelación del proceso licitatorio por cerca de $600 mil mllones que resulta un inminente riesgo para la prestación del servicio público.
El presidente Gustavo Petro firmó la resolución 136 del 29 de mayo en la que solicitó la 'suspensión de las medidas de aseguramiento, órdenes de captura y penas que se estén cumpliendo'.