La misiva se produce luego de los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que solicitó a la Fiscalía General de la Nación que abra una investigación para determinar supuestas responsabilidades en este hecho.
Afirmó que el primer pago, de 5,5 millones de dólares, fue transportado en efectivo desde Colombia hasta Israel en un avión, mientras que el segundo se realizó a través de una transferencia bancaria.
El Consejo de Estado admitió una tutela que pide explicaciones al mandatario por su alocución en la que denunció la supuesta compra del programa de espionaje.
El recurso fue interpuesto por Stefan Bravo Martínez, presidente de la veeduría ciudadana Antioqueños por Colombia - Abogados por la Verdad.
El país ya no contará con acceso a información confidencial y secreta que intercambian 177 países sobre lavado de activos y terrorismo.