Explicó que esa zona abarcaría el departamento colombiano de Norte de Santander y los estados venezolanos de Táchira y Zulia.
A través de un comunicado oficial, la administración de Nicolás Maduro rechazó la incautación de la aeronave y tildó de “ladrón” al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
El informe de Colombia Risk Analysis indicó que la compañía fue catalogada como un caso de “capital corrosivo”, es decir, una transacción que debilita la transparencia institucional.
A través de un comunicado, la Administración chavista indicó que Maduro “planteó la construcción” de una “agenda cero para un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales”.
Maduro no ofreció detalles sobre con qué autoridades está haciendo esas gestiones de deportación.