El fiscal Mario Burgos hizo la revelación este lunes en la preparación del juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Las espurias pretensiones laborales de los docentes causaron el desembolso injustificado de $1.103 millones.
Esto por regalías no pagadas ni liquidadas por la explotación de níquel y hierro en el país.
Once de los dirigentes raptados en 2002 fueron asesinados en 2007. Los imputados eran miembros del Bloque Occidental.
El Juzgado Segundo Penal Municipal de Sincelejo anunció la reprogramación, en el menor tiempo posible, de la diligencia.