Desde la ANT, el DANE y el ICBF advierten que este mes no ha habido pagos para los contratistas estatales.
Las administraciones de Sucre y Sincelejo por fin harán posible este proyecto en beneficio de los menores infractores y sus familias.
La entidad hace este tipo de ventas para recolectar dinero para sus actividades.
Esperemos que este amargo trago pueda servir para que desde las instituciones de educación se generen acciones claras para formar con mayor contundencia en nuevas ciudadanías, ética y pensamiento crítico, las instituciones estatales se encarguen con mayor ahínco de proteger a las familias y menores.
Un fiscal de la Seccional Atlántico del ente investigador endilgó a Jorge Piña Rodríguez el delito de feminicidio en circunstancia de agravación punitiva por la muerte de la docente y empleada del ICBF Nalfi Esther Blanco Olmos.