Los agentes registraron dos prostíbulos, ya clausurados por orden judicial, y bloquearon 9,5 millones de euros (10 millones de dólares) en cuentas bancarias y bienes.
Las mujeres eran captadas en Colombia con la falsa promesa de una vida mejor en España, para lo cual la red les pagaba el avión y la tramitación de todos los documentos que suponían una deuda de 3.400 euros.
El caso salió a la luz en septiembre de 2018.
La Fiscalía reportó que fueron recuperadas cinco adolescentes que quedaron a disposición del ICBF.
El entramado se nutría de mujeres vulnerables, en su mayoría de origen colombiano y venezolano, que atravesaban situaciones personales y económicas muy comprometidas en su país.