La SAI explicó que las conductas cometidas por los comparecientes son crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Fueron hallados culpables de crímenes que ocasionaron daños graves, diferenciados y desproporcionados a los pueblos indígenas, al pueblo afrocolombiano, entre otros.
El ofrecimiento de estos predios hace parte de los esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro para avanzar en la reforma rural integral.
'No se trató de conductas aisladas o accidentales, pues los hechos ocurrieron en todo el territorio y en todos los bloques', se lee.
Un juez acogió el argumento de la Procuraduría de que no se habían vencido los términos del proceso.