El investigado se se desempeñó como director (e) del Departamento de la Prosperidad Social durante el Gobierno de Iván Duque.
El Constitucional hundió un decreto que establecía el giro de subsidios a familias afectadas.
El Gobierno nacional dispuso de más de $146.000 millones para garantizar el pago a más de 1,6 millones de participantes del programa.
Los datos de la ex jefa de gabinete quedaron cargados en el sistema de aspirantes de Presidencia.
En los audios revelados se escucha como presuntamente el exfuncionario planea manipular licitaciones del DPS para darle apariencia de legalidad.