Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 11.500 millones de pesos, habrían sido utilizadas por las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño.
Así lo anunció el propio procurador Gregorio Eljach.
Insistió en que desde su Gobierno se han entregado pruebas a la Fiscalía sobre el uso de empresas de seguridad en acciones criminales.
El mandatario insistió en que la responsabilidad de las muertes de los menores de edad no recae en las Fuerzas Militares, sino en los grupos al margen de la ley que los reclutan.
Aseguró que solo después de conocer los resultados va a tomar decisiones sobre los servidores implicados en el escándalo.