Presuntos pagos de altas sumas de dinero a cambio de impulsar las reformas del Gobierno se convirtieron en la clave del escándalo.
La ley permitía el arresto y encarcelamiento de personas que ingresaran al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito.
El alto tribunal consideró que la conmoción era acorde a la constitución pero solo a los hechos que tienen que ver con los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados.
Ante la negativa de la Fiscalía, la exconsejera para las regiones le solicitó a la Sala de Instrucción que le otorgue una declaración juramentada.
El líder del Centro Democrático es procesado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.