El pronunciamiento surgió luego de que una funcionaria de la Relatoría respondiera a una petición sobre una posible convocatoria de consulta popular vía decreto.
La plenaria del Senado eligió el pasado martes a Héctor Carvajal como el nuevo magistrado del alto tribunal constitucional.
Presuntos pagos de altas sumas de dinero a cambio de impulsar las reformas del Gobierno se convirtieron en la clave del escándalo.
La ley permitía el arresto y encarcelamiento de personas que ingresaran al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito.
De acuerdo con el documento, la supuesta vulneración de derechos fue por la decisión con la que el Consejo de Estado resolvió el conflicto de competencia entre la Comisión de Acusaciones y el CNE para investigar la campaña presidencial.