La entidad instó a revisar la capacidad técnica, administrativa y operativa de la iniciativa.
Aunque el Senado y la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobaron que sea de 2,3 salarios mínimos, las centrales obreras del país no están de acuerdo con dicho límite.
Así lo dijo el presidente Gustavo Petro, quien también manifestó que“no es un regalo, sino una deuda que el Estado está pagando parcialmente” a esta población vulnerable.
Además se revisa la actuación de otros tres directivos por presuntos sobrecostos en contratos.
El Ministerio Público envió una carta a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez advirtiendo la sostenibilidad financiera del proyecto.